El nuevo reglamento valenciano de justicia gratuita mejora el acceso universal para las personas más vulnerables

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha informado que el Pleno ha aprobado el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, con el objetivo de "mejorar la prestación del servicio de este tipo de justicia, conseguir una mayor eficacia y eficiencia en su gestión y hacer un poco más fácil el acceso universal a la justicia de las personas más vulnerables".

Oltra ha explicado que el reglamento "impulsa y refuerza los mecanismos de protección para colectivos en una situación especialmente vulnerable, como son las víctimas de violencia de género, personas menores de edad, con diversidad funcional o personas migrantes".

Asimismo, se "incorpora las reformas legislativas introducidas, por ejemplo, en la Ley de derechos y garantías de la infancia y la adolescencia, que prevé que la Generalitat adoptará las actuaciones necesarias para que los niños, niñas y adolescentes que hayan sido víctima de delitos violentos, violencia de género o tráfico de seres humanos puedan hacer efectivos los derechos derivados de su condición de víctimas del delito, entre los que se encuentra la justicia gratuita".

En este sentido, ha destacado la creación de "asistencias o guardias especializadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia, que contarán con abogados con conocimientos específicos".

Por otra parte, se potencia la cobertura del derecho de acceso a la justicia y "se mejora la atención especializada a las personas más necesitadas de apoyo público cuando se vean obligadas a defender sus derechos e intereses" ha señalado Oltra.

Asimismo, se establece un procedimiento "más ágil y eficaz para el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita, con nuevas medidas para simplificar la gestión y tramitación de las solicitudes y la resolución de los expedientes de reconocimiento del derecho" y se "adapta la norma con el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista".

"Finalmente, -ha añadido- se da respuesta a las demandas de los consejos y colegios profesionales de abogados y procuradores" que van a recibir una adecuada compensación económica por su trabajo.

En concreto, el incremento medio de los módulos compensatorios de la Abogacía es de un 10,6% y un 7% para la Procura, lo cual sitúa a la Comunitat Valenciana como una de las comunidades que mejor retribuye a sus profesionales jurídicos.

Novedades

Tal y como ha resaltado la vicepresidenta, una de las principales novedades es la creación de nuevos turnos de oficio especializados para personas menores de edad víctimas de violencia, de forma que los abogados que presten asistencia jurídica a estas personas menores cuenten con conocimientos específicos sobre la materia.

Este nuevo turno especializado se suma a los de víctimas de violencia de género, personas con discapacidad y migrantes, cuya posible creación ya estaba contemplada con anterioridad a la aprobación del nuevo Decreto.

En el nuevo reglamento se prevé ofrecer a las víctimas de violencia de género información y orientación previa sobre los derechos y servicios que le corresponden, así como la posibilidad de hacerse acompañar por un procurador o procuradora que designe en todos sus trámites, incluida la representación inicial y previa a los procesos judiciales.

Por otro lado, se contempla la creación de un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) en todos los partidos judiciales, que tendrá carácter gratuito y que se sumará a los ya existentes en València, Sueca, Alicante, Elche, Alcoi, Castelló de la Plana, Alzira y Orihuela.

Además, se prevé la creación de un servicio de orientación jurídica especializada para los casos de migrantes que permanecen en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) dependientes del Ministerio del Interior.

Por último, en el documento se introducen una serie de mejoras para las notificaciones de las resoluciones de las comisiones de asistencia jurídica gratuita que se destinan a las personas con diversidad funcional y se opta por simplificar la gestión y tramitación de las solicitudes y resoluciones de los expedientes que reconocen el derecho a la justicia gratuita.