Conselleria de Vivienda y Ayuntamiento de Novelda analizan el plan de intervención que se desarrolla en los grupos de viviendas sociales
La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio y el Ayuntamiento de Novelda han analizado el Plan de Intervención Integral Sostenible (PIINS) que se está desarrollando en varios grupos de viviendas del parque público de la Generalitat en Novelda.
La directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE), Blanca Marín, se ha reunido con el alcalde de Novelda, José Martínez, para valorar la situación actual de las viviendas sociales existentes en el municipio y para adjudicar una vivienda en régimen de alquiler social a una familia con recursos limitados de Novelda.
Los Planes de Intervención Integral Sostenible se ponen en marcha en grupos de viviendas del parque público ubicados en zonas deprimidas con el objetivo de revitalizar el entorno en una acción que perdure en el tiempo.
En estos planes es esencial la colaboración de los servicios sociales de los ayuntamientos, ya que participan en su diseño, elaboran los estudios socioeconómicos de las familias y contribuyen en el seguimiento de las acciones programadas para que sean realmente eficaces.
En la reunión, se ha comunicado al primer edil que próximamente se organizarán en Novelda sesiones informativas dirigidas a los residentes de las viviendas públicas para explicarles las medidas impulsadas por el Consell para facilitar el pago de sus rentas. Entre ellas están las bonificaciones, que reducen el pago del alquiler según los ingresos económicos y situación de la unidad familiar.
Estas sesiones también sirven para que los inquilinos con deudas conozcan las opciones que hay para abonarlas a través de actas de reconocimiento de deuda.
Otro de los temas tratados ha sido las ocupaciones ilegales en viviendas sociales, que en Novelda ascienden a 17, siendo tres de ellas recientes.
La directora general de EIGE ha explicado que la Conselleria no va a tolerar que se ocupen más viviendas porque impiden el acceso a familias con escasos recursos que respetan la legalidad. Además, imposibilita desarrollar la política de normalización y reforma de las viviendas en las que la Generalitat trabaja intensamente.
