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El Ayuntamiento pide la ejecución de la sentencia que obliga a la empresa Aqualia a devolver 521.000 euros cobrados indebidamente

    El pleno del Ayuntamiento de Novelda ha aprobado hoy, por unanimidad, la moción conjunta presentada por todos los grupos municipales a propuesta de la alcaldesa, Milagrosa Martínez, para instar ante los juzgados a la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en el que se condena a la empresa Aqualia, concesionaria del servicio de agua potable, a devolver 521.000 euros cobrados indebidamente en recibos a los usuarios de la población.

    En la moción se explica que la alcaldesa instó a la empresa a la devolución de esa cantidad en la reunión que mantuvo con ellos a finales del mes de julio y que lo hiciera, además, durante el mes de agosto. Durante este pasado mes no se ha obtenido respuesta alguna por parte de la concesionara por lo que los grupos municipales han dado vía libre para que sea reclamado por vía judicial la ejecución de la sentencia.

    La alcaldesa ha señalado la importancia de la moción y ha remarcado que es un tema que “nos une a todos los grupos en la defensa de los intereses de los ciudadanos, los comerciantes y las empresas de Novelda”.

    Tras la aprobación del pleno, el asunto se trasladará ahora al letrado del Ayuntamiento que ha defendido este asunto en las dos instancias en las que se presentó, con el objetivo de que “a la mayor brevedad posible los vecinos del municipio se vean resarcidos de un pago injusto que realizaron”, ha indicado la primera edil.

    El asunto en cuestión se remonta al año 2009 cuando se amplió el contrato de Concesión del Servicio de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado, que debía finalizar el 13 de diciembre de 2013, durante quince años más, a la UTE Novelda, Aqualia Gestión Integral del Agua S.A.-Fomento de Construcciones y Contratas.

    Como consecuencia de esa ampliación por 15 años más se incrementaron las tarifas y los noveldenses comenzaron a pagar un 22% más en sus recibos. La concesionaria repercutía, de esta manera, los gastos financieros de los 4 millones de euros de canon que aportó entonces a las arcas municipales, unos gastos que ya habían sido descontados antes de la entrega del canon pactado.

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