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Peralta: "El Gobierno invierte en obra pública en la Comunitat Valenciana el doble de la media estatal"

  • El delegado asegura que mientras el Gobierno de España invierte 175,8 euros por habitante, la Generalitat sólo destina 95,8 €

  • El Gobierno financia íntegramente los programas contra las drogas de la Conselleria de Sanidad

  • Recurso a la Ley de Función Pública Valenciana: “la normativa estatal y constitucional es clara al respecto”

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, ha asegurado que el Gobierno de España invierte en obra pública en la Comunitat Valenciana el doble de la media estatal. Sin embargo, ha resaltado, “la Generalitat Valenciana invierte casi la mitad de la media de inversión autonómica en el conjunto del Estado”.

Así se pone de manifiesto en el informe elaborado por SEOPAN (Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional) sobre licitación pública a 30 de septiembre. En esta fecha, la Comunitat Valenciana ocupa el tercer lugar en la ratio de inversión por habitante realizada por el Gobierno de España en materia de obra pública. “Ese tercer puesto se debe a que la media de inversión estatal en obra pública del Gobierno de España se sitúa en 88 euros por habitante, mientras que en el caso de la Comunitat Valenciana esta cifra asciende a 175, 8 euros por habitante”, ha asegurado.

De esta forma, en la Comunitat Valenciana se multiplica por dos la licitación de obra pública por habitante ejecutada por el Gobierno de España. “Esta actuación preferente e importantísima del Gobierno en la Comunitat contrasta con la de la Generalitat Valenciana, que invierte 95,8 euros por habitante cuando la media de inversión autonómica es de 150,7 euros”, ha explicado Ricardo Peralta. La Comunitat Valenciana “ocupa el cuarto lugar por la cola en materia de inversión autonómica por habitante. Esta es la realidad a 30 de septiembre de 2010, una realidad constatada por un organismo independiente especializado en obra pública”. 

“La contundencia de estos datos desmiente completamente cualquier tipo de argumentación, que por más que se insista no es verdad, de que el Gobierno de España lleva a cabo una actuación en perjuicio de la Comunitat Valenciana”, ha insistido el delegado.

Inversión en Sanidad y Cultura
La inversión del Gobierno no se limita a la obra pública. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el convenio específico entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunitat Valenciana. En este convenio se pone en evidencia que la actuación de la Conselleria de Sanidad en esta materia será financiada íntegramente por el Ministerio de Sanidad y Política Social con una dotación de 602.000 euros. “El Ministerio financia al 100% los programas que ejecuta la Conselleria de Sanidad”, ha destacado el delegado. 

En su intervención, el delegado también ha resaltado la inversión del Gobierno de España en el ámbito cultural a través del Plan E. Sólo en 2009 y 2010 el Gobierno ha destinado cerca de 57 millones de euros a construir o adecuar casas de cultura, edificios históricos o emblemáticos, salas de exposiciones y museos en 118 municipios de la Comunitat. En total 150 proyectos en más del 21% de localidades. Por ello, Ricardo Peralta ha pedido a la Consellera de Cultura, que “aunque le han quitado competencias fundamentales de su departamento como las bandas de música o la pilota valenciana, no se dedique a buscar críticas al Gobierno de España. La tarea principal que debe hacer es incrementar sus fondos y gestionarlos adecuadamente para promover la cultura que al menos es el objetivo que persigue el Gobierno de España”. 

Recurso contra la Ley de la Función Pública valenciana
Asimismo, en su comparecencia semanal ante los medios de comunicación, el delegado se ha referido a la resolución del Tribunal Constitucional por la que se admite el recurso presentado por el Gobierno de España contra la Ley de la Función Pública valenciana y acuerda la suspensión de los preceptos impugnados.

Según ha explicado, estos preceptos recogían el derecho a excedencia de funcionarios ampliando el ámbito de personas con ese derecho y al mismo tiempo se consideraba ese período de excedencia también como periodo de alta en la Seguridad Social. “El Gobierno de España entiende que esa ampliación supone una infracción de la normativa estatal básica. Pero sobretodo, que atribuir a ese período de excedencia la consideración de alta en la Seguridad Social supone afectar las competencias exclusivas del Estado en materia de Seguridad Social”.

Estos dos argumentos han sido validados por un dictamen unánime del Consejo de Estado y son los que justifican la decisión adoptada por el Gobierno. A pesar de ello, “la respuesta de la Generalitat Valenciana ha sido decir que el Gobierno impugna la política social de la Generalitat. Pero no hay nada nuevo bajo el sol y este tipo de pleitos se han producido ya con anterioridad”.

El delegado ha recordado que en 1999, con el Partido Popular gobernando en la Administración Central, el gobierno autonómico andaluz decidió con cargo a sus fondos complementar las pensiones no contributivas. Esa actuación fue recurrida por el Ejecutivo de José María Aznar por entender que se rompía la caja única de la Seguridad Social. “Y no se ahorraron calificativos al gobierno autonómico andaluz. El Ministro de Trabajo de entonces, Manuel Pimentel, calificó de absoluto irresponsable al gobierno autonómico. Mariano Rajoy, Ministro de Cultura entonces, dijo, en el momento en que también se apuntó al complemento de las pensiones la Generalitat de Catalunya que el Sr. Pujol trataba a los catalanes como si fueran unos tontos a los que se puede engañar”, ha explicado el delegado.

Por ello, Ricardo Peralta se plantea si aquellos argumentos sirven o no sirven hoy en el momento en el que una comunidad autónoma decide qué periodos se consideran en alta en la Seguridad Social. “Si el Gobierno de España ha tomado la decisión de recurrir es porque la normativa estatal y constitucional es clara al respecto, pero además, porque el Consejo de Estado ha avalado el recurso por unanimidad. En definitiva, porque los criterios del Gobierno son los criterios de responsabilidad que no se comparten cuando se dedican a confrontar con Gobierno central”, ha manifestado el delegado.

 

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