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La Comunitat tendrá un centro para favorecer la mediación que evite la judicialización de los conflictos”

  • Acuerdo entre Consell, ICAV y CGPJ

  • Blasco firma un convenio con el Colegio de Abogados y el Poder Judicial para fomentar la solución amistosa de conflictos y disminuir la litigiosidad pendiente en vía judicial

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, considera que “en estos momentos es necesario desplegar todos los mecanismos posibles de solución de conflictos y ponerlos a disposición de los ciudadanos para descargar en lo posible a los órganos judiciales de volumen de trabajo y, sobre todo, para dar a las partes un instrumento eficaz y rápido para la solución de conflictos”.

Esa es la premisa de la que parte el convenio marco aprobado esta semana entre la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, el Consejo General del Poder Judicial y el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, que establece las bases para la creación de un centro permanente de difusión y formación del arbitraje y la mediación.

Este futuro centro es una de las medidas encaminadas a evitar la judicialización de conflictos. “Con ello pretendemos fomentar la solución amistosa de conflictos y disminuir la litigiosidad pendiente en vía judicial”, señala Blasco.

En este sentido, el conseller recuerda que el arbitraje, la mediación y la conciliación son sistemas de resolución de controversias alternativos al sistema judicial clásico, si bien la mediación se distingue en que el tercer interviniente en ningún caso decide, ni siquiera ha de manifestar su opinión propia, puesto que su función es la de facilitar que las partes decidan por si mismas la mejor solución posible.

El ejemplo de los Puntos de Encuentro Familiar
El conseller incide en la apuesta del Consell por incorporar a la actual cultura del litigio y del conflicto la alternativa de la prevención y la colaboración, y en ese sentido pone de ejemplo la labor que desempeñan los Puntos de Encuentro Familiar en esa visión de la Justicia preventiva, que no tiene por qué llegar a los tribunales.

“La Comunitat Valenciana fue pionera en legislar esa materia, gracias a la cual se ha descargado la presión que se ejerce sobre los juzgados, además de reducirse los plazos de resolución de los asuntos”, señala Blasco, que destaca también la reciente puesta en marcha de un servicio piloto en mediación familiar en colaboración con el juzgado de Familia de Elche.

Respecto de la Ley de Medicación de la Comunitat Valenciana, que ya está en fase de tramitación –tan solo Cataluña tiene hasta el momento regulada la mediación del derecho privado-, Blasco recuerda que su fin fundamental es reducir la carga de trabajo de los tribunales y que los ciudadanos no tengan que pasar siempre por los tribunales para resolver sus desavenencias.

La ley autonómica valenciana persigue reducir la entrada de asuntos en los juzgados y se centra básicamente en los conflictos surgidos en el ámbito de las asociaciones y fundaciones, los conflictos de propiedad horizontal, las diferencias graves surgidas en el ámbito de la convivencia ciudadana y social, los derivados de las diferentes culturas presentes en la Comunitat o cualquier otro conflicto de carácter privado en el cual las àrtes deban mantener relaciones personales en un futuro.

El convenio con el ICAV y el CGPJ contempla un plan anual de actuación conjunta de seminarios, jornadas y cursos con asistencia de jueces y magistrados y distintos colectivos que intervengan en los mecanismos alternativos a la resolución de conflictos.

Además, las partes se comprometen a analizar la legislación vigente sobre mecanismos alternativos de resolución de conflictos y estudiar las propuestas o modificaciones que en el futuro puedan producirse.

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