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La crisis contribuye a aumentar un 272% la justicia gratuita en una década

  • Blasco señala que el Consell destina anualmente más de 27 millones de euros por Asistencia Jurídica Gratuita

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha informado hoy en Les Corts que la Generalitat ha pasado de destinar casi 10 millones de euros en 2003 por la Asistencia Jurídica Gratuita y Turno de Oficio en la Comunitat a los 27,7 millones de euros en el último año, lo que supone un incremento del 180%.

Blasco ha explicado que la crisis económica han espoleado los litigios, circunstancia que ha hecho crecer el número de reclamaciones de cantidad, hipotecarias, despidos, reclamaciones salariales, concursos, etc. Además durante los últimos años también se han incrementado el número de controversias familiares en vía judicial, tanto en el ámbito civil, es decir, más separaciones, divorcios y convenios reguladores, como en el ámbito penal, por tanto, casos de malos tratos, de violencia de género, etc. Asimismo Blasco ha añadido como tercer causa el incremento de la población inmigrante, pues un alto porcentaje de este colectivo carece de los recursos necesarios para litigar.

Blasco ha dado a conocer la siguiente cifra: de 1999 a 2009, el número de expedientes tramitados por las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita en la Comunitat se ha incrementado un 272,6%, al pasar de 33.071 a 123.216 expedientes.

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía ha puesto en valor el trabajo realizado desde la Generalitat Valenciana para dar respuesta a una asistencia que cada vez se ofrece a más personas por tratarse se un servicio “cada vez más garantista”. El disfrute de esta asistencia gratuita por parte de las mujeres víctimas de la violencia de género es un ejemplo de ello.

Por esta razón, Blasco ha destacado la estrecha colaboración con los colegios profesionales para la racionalización de los gastos de gestion del sistema y de retribución de los servicios. “El Consell mejora de manera continua la gestión de los recursos y, además, tiene un mayor control a través de mecanismos de supervisión y fiscalización, de forma que se aumenta la calidad del servicio prestado a los ciudadanos para mejorar su eficiencia y obtener el máximo rendimiento de los recursos públicos”, ha puntualizado.

 

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