Sánchez de León exige al Gobierno central que deje de arremeter contra los intereses de la Comunitat
Tras la decisión del Gobierno central de recurrir la nueva Ley de Función Pública ante el Tribunal Constitucional
La consellera critica que Zapatero “sólo se acuerde de nosotros para mermar nuestros derechos, atacar nuestras costumbres o dinamitar nuestro porvenir”
“Estamos ante una demostración más de la inquina que profesa el Gobierno socialista hacia la Comunitat Valenciana”
Sánchez de León se pronunciaba así, tras la decisión adoptada por el Consejo de Ministros de ayer de de interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 130, apartados 1.B) y 4 de la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana de la Generalitat (LOGFPV).
La consellera ha asegurado “no entender qué es lo que le empuja al Gobierno socialista de España a ofender y a atacar continuamente a la Comunitat Valenciana”.
El parany, el Cabanyal y los chiringuitos
Sánchez de León ha recordado que “han ido contra la caza con parany en Castellón; tienen paralizado el porvenir de un barrio emblemático de Valencia, como el Cabañal; nuestros restaurantes de la costa tienen hoy menos posibilidades de negocio por una persecución que no ocurre en otras comunidades; y ahora recurren una ley que tiene el respaldo mayoritario de los agentes sociales y políticos de la Comunitat”.
Para la Portaveu del Consell, “todo esto es incomprensible y ahora estamos ante una demostración más de la inquina que profesa el Gobierno socialista hacia la Comunitat Valenciana”.
“En esta ocasión un Gobierno supuestamente progresista ha decidido restringir unos derechos sociales que por acuerdo, entre la Administración del Consell y la mayoría de los representantes sindicales, están recogidos en la nueva ley, que además fue aprobada tanto por el PP, como por el PSPV en Les Corts”, ha explicado.
“Por tanto, -ha insistido- los ciudadanos tienen que saber que no se trata de un castigo a la Generalitat, de lo que estamos hablando es de una agresión directa a la Comunitat y en concreto a los más de 190.000 funcionarios que indirectamente se podían beneficiar por la nueva ley de la Función Pública Valenciana”.
