Blasco: “Las cifras del programa de retorno voluntario de inmigrantes del Gobierno son ridículas”
El conseller asegura que este programa es otra muestra de la desastrosa política de inmigración del Gobierno Zapatero
Según Blasco, el Gobierno debe centrar sus esfuerzos en luchar contra la inmigración ilegal y en aumentar las ayudas del Fondo de Acogida
En opinión de Blasco, “resulta patético que en una Comunitat como la nuestra en la que residen más de 884.000 inmigrantes sólo 176 personas se hayan decidido a volver a su país y esto no es más que otra muestra de la desastrosa política de inmigración del Gobierno del señor José Luis Rodríguez Zapatero”.
“El fracaso del programa es evidente porque el Gobierno presentó la iniciativa asegurando que alrededor de un millón de inmigrantes se acogerían al programa y la realidad es que en toda España han vuelto a sus países 1.151 personas”, ha especificado.
“Lo que tiene que hacer Zapatero de una vez por todas es luchar y adoptar medidas eficaces contra la inmigración ilegal”, ha indicado el conseller. En este sentido, Rafael Blasco ha añadido que las costas de la Comunitat “se han convertido tristemente en una puerta de entrada de inmigrantes ilegales que se juegan la vida en el intento, llegando en pateras y el Gobierno se muestra incapaz de atajar este problema”.
Aumento del Fondo de Acogida
El conseller Blasco ha exigido al Gobierno un aumento de las partidas de los Fondos de Acogida e Integración de Inmigrantes, que este año ha reducido en un 65%. “Éste es el único modo de que las comunidades autónomas y los ayuntamientos podamos asumir las competencias de atención a los inmigrantes de las que el Gobierno se ha ido desentendiendo”, ha indicado el conseller.
Este año el Gobierno solo ha destinado 7,6 millones de euros del Fondo de Acogida a la Comunitat Valenciana, frente a los 22,1 millones de 2009, cuando es la tercera región española con más inmigrantes y la segunda con mayor porcentaje de población inmigrante.
Según el titular de Solidaridad, el Gobierno socialista “ha situado a los Gobiernos autonómicos y a los ayuntamientos entre la espada y la pared porque nos ha dado mayores competencias de atención a la inmigración, a pesar de que la gestión de extranjería es estatal, y al mismo tiempo nos ha recortado las ayudas, con lo que la asfixia económica es brutal por falta de presupuesto”.
