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Blasco: “El Consell paga 17 millones de euros a los ayuntamientos frente a dudas del Gobierno”

  • A los municipios de menos de 10.000 habitantes

  • Solidaridad y Ciudadanía cumple sus compromisos con el municipalismo e insta a que se agilicen las adjudicaciones

  • El Plan Confianza ha adjudicado ya 321 proyectos

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha anunciado hoy que la Generalitat está cumpliendo con los compromisos adquiridos con los ayuntamientos de la Comunitat a través del Plan Confianza recibiendo estos en apenas dos meses una cuantía económica superior a los 17 millones de euros. Este dinero lo han recibido ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes que están impulsando en la actualidad obras del Programa de Inversiones Productivas dentro del Plan Confianza.

“Una vez más, se vuelve a demostrar que el Plan Confianza no sólo es una realidad porque podemos ver cómo se van ejecutando los proyectos, sino que también se demuestra que la Generalitat Valenciana tiene provisión económica para hacer frente a este compromiso con el panorama municipal valenciano. Todo ello contrasta con las incertidumbres y sobresaltos de los ayuntamientos por culpa del Gobierno”, ha defendido el conseller de Solidaridad y Ciudadanía.

Dentro del Plan Confianza relativo a los ayuntamientos con menos de 10.000 habitantes impulsado desde la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía, en la actualidad hay un total de 321 proyectos adjudicados, lo que supone el 64% del total. También el cumplimiento del Plan Confianza queda patente con el siguiente dato: el 98% de los proyectos -490 de 501- han recibido ya alguna cuantía económica de la Generalitat.

Las previsiones del Plan Confianza en estos municipios es que las actuaciones estén concluidas en enero de 2011. Por ello la Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía ha informado a los ayuntamientos de la necesidad de agilizar las adjudicaciones de las obras pendientes con el fin a su vez de proceder a efectuar los pagos también de manera rápida. Esta decisión ha coincidido en el tiempo con el Decreto del Gobierno de España por el cual los ayuntamientos no podrán solicitar créditos a partir del 1 de enero de 2011.

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