La Abogacía de la Generalitat defiende que todas las contrataciones se ajustan a la más estricta legalidad
La Abogacía pone de manifiesto “su total discrepancia con las desproporcionadas e infundadas conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial”
La gestión de la Generalitat ha sido perfectamente auditada y fiscalizada por la Intervención General y la Sindicatura de Comptes
En ese sentido ha subrayado que la Generalitat, en el marco de sus competencias, ha actuado en todo momento con la más absoluta corrección y legalidad en todos los temas relacionados con la contratación pública.
De esta manera, ha insistido que la gestión de la Generalitat ha sido perfectamente auditada y fiscalizada sin que se haya encontrado ningún elemento de ilegalidad en los órganos de control como son la Intervención General o la Sindicatura de Comptes.
El informe redactado por la Abogacía concluye manifestando “su total discrepancia con las desproporcionadas, infundadas y en algún caso falsas conclusiones de la Unidad de Auxilio Judicial, que se ha extralimitado en sus apreciaciones respecto a una actividad contractual realizada por esta Administración de forma totalmente ajustada a la legalidad vigente”.
Respecto a las valoraciones del informe dado a conocer hoy cabe aclarar que todos los contratos son legales. No sólo porque las empresas contratadas son diferentes y la cuantía es correcta sino porque el órgano contratante es diferente en cada uno de los casos y la contratación se produce para labores diferenciadas.
En el momento de la contratación no había indicio alguno, ni investigación conocida que pudiera alertar sobre un presunto entramado de empresas. Todos los pagos han sido debidamente fiscalizados sin que haya existido ilegalidad en ninguno de ellos.
El informe analiza 85 operaciones, lo que representa el 0,04% del total de los contratos realizados por la Generalitat en el periodo al que se refiere dicho informe. No existen facturas duplicadas: todas las facturas responden a objetivos diferentes, tangibles, reales y ejecutados y por supuesto ninguna instancia de la Generalitat ha pagado dos veces por el mismo servicio.
El informe pone en cuestión a los funcionarios de la Generalitat: por un lado reconoce que estas operaciones no proceden del mismo órgano o unidad administrativa y por el otro cuestiona el recto trabajo de los funcionarios.
Y por último nunca un miembro del gabinete de la presidencia ha tenido la responsabilidad de decidir sobre estas contrataciones, como así se recoge en el decreto pertinente. Esta valoración aparecida en el informe demuestra un profundo desconocimiento de la normativa de Administración de la Comunitat Valenciana y su sector público.
