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La Conselleria de Educación distribuye 20.000 carteles para fomentar el respeto al profesorado

La Conselleria de Educación distribuye 20.000 carteles para fomentar el respeto al profesorado
  • La Generalitat colabora con la Fundación Cuadernos Rubio en la campaña “100% respeto”

  • El material se repartirá en todos centros educativos de la Comunitat Valenciana

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La Conselleria de Educación distribuirá 20.000 carteles con el lema “100% respeto” en todos los centros educativos públicos y concertados de la Comunitat Valenciana, dentro de la campaña de refuerzo de la autoridad docente y respeto al profesorado que desarrolla en colaboración con la Fundación Cuadernos Rubio.

El objetivo de esta iniciativa es inculcar entre los escolares valencianos las actitudes respetuosas con sus profesores. Para ello, en los carteles se destaca la importancia del papel que desempeñan los docentes en la atención educativa de sus alumnos, por lo que merecen ser respetados por parte del conjunto de la sociedad.

Esta actuación se enmarca dentro de la política desarrollada por la Conselleria de Educación para promover el reconocimiento de la labor desarrollada por los educadores. Así, la Comunitat Valenciana fue la primera autonomía que reconoció la consideración de los docentes como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, a través del Decreto de Derechos y Deberes de abril de 2008.

Asimismo, el pasado mes de febrero, el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, presentó a los representantes de las organizaciones sindicales el borrador del anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado.

De esta forma se recoge definitivamente en un texto legal, con mayor rotundidad y precisión que en el Decreto, el carácter de autoridad pública de los equipos directivos y de los profesores en el desempeño de sus funciones así como su autonomía en el desarrollo educativo del alumnado. También se recoge la extensión del ámbito de esta medida a los centros públicos y concertados.

La Conselleria está trabajando actualmente en el contenido de este texto, que será consensuado con todos los representantes de la comunidad educativa antes de su aprobación por Les Corts.

La consideración de los docentes como autoridad pública implica que la Generalitat adoptará las medidas necesarias para la defensa jurídica del profesorado y la protección en los procedimientos abiertos. Además, los hechos constatados por ellos en el ejercicio de sus competencias disciplinarias tendrán presunción de veracidad.

El borrador del anteproyecto de Ley contempla la reparación del daño mediante la petición de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad de los actos, que se concretará mediante resolución de la dirección del centro. Además, los hechos se comunicarán al Ministerio Fiscal y a la Dirección Territorial en el caso de que sean constitutivos de delito o falta.

Cabe recordar que tras la aprobación del Decreto de Derechos y Deberes, en el año 2009, 23 profesores de la Comunitat Valenciana presentaron denuncias por recibir amenazas o ser objeto de agresiones física o verbales en el ejercicio de su función docente. La Generalitat se encargó de su defensa considerándolos autoridad pública.

Una Ley para mejorar la convivencia escolar y el respeto
El borrador de anteproyecto de Ley presentado por la Conselleria tiene entre sus objetivos el fomento de la participación del profesorado en la elaboración, control del cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia en el centro y el aula así como asegurar el reconocimiento, respeto, ejercicio correcto y efectiva garantía de los derechos y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa.

Para ello, se reconoce el derecho del profesorado a ser respetados, recibir un trato adecuado y ser valorados en el ejercicio de sus funciones y a desarrollar su labor docente en un ambiente educativo adecuado, donde sean respetados sus derechos, especialmente a la integridad física y moral.

También se reconoce su derecho a participar y recibir la colaboración necesaria para la mejora de la convivencia escolar y la educación integral del alumnado, a disponer de autonomía para tomar las decisiones necesarias para mantener un clima de convivencia adecuado en las clases y las actividades escolares y a la protección jurídica adecuada.

El texto incluye también los términos de la responsabilidad y obligación de la reparación de los daños que los alumnos puedan infringir a los miembros de la comunidad educativa, los centros o cualquier material de éstos.

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