La Generalitat pide que la ley estatal de la Ciencia mejore el reconocimiento de los centros tecnológicos
El conseller de Educación ha participado en la reunión del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología
Font de Mora ofrece la colaboración del Consell para que el futuro texto dé carta de naturaleza al papel que realizan estos organismos
La Comunitat Valenciana apuesta por medidas para impulsar políticas activas de incentivo a la inversión en I+D+i
Font de Mora ha participado en la reunión del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología celebrada en Sevilla en la que se ha debatido el borrador del anteproyecto de la nueva ley estatal de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, un texto que, tal y como ha recordado, contiene iniciativas que ya han sido recogidas en la Ley de la Ciencia aprobada en la Comunitat Valenciana por Les Corts hace un año. A la reunión también ha asistido el secretario autonómico de Industria, Comercio e Innovación, Bruno Broseta.
El conseller de Educación ha ofrecido la colaboración de la Comunitat en este proyecto, con la formulación de una serie de propuestas y sugerencias para mejorar el texto, que, a su juicio, son merecedoras de un debate y análisis más profundo.
Según ha indicado, “resulta fundamental dar carta de naturaleza al papel que los centros tecnológicos juegan de facto en el actual sistema nacional de Ciencia-Tecnología-Empresa como generadores de conocimiento a través de la investigación aplicada y la I+D industrial”. Por ello, plantea “reconocer explícitamente el interés general de su actividad y la utilidad pública de su misión” y que “los centros tecnológicos puedan acogerse al régimen laboral específico desarrollado en el anteproyecto, de forma que se puedan utilizar las nuevas modalidades de contratación de científicos y tecnólogos”.
Tal y como ha remarcado, “uno de los pilares de la política industrial y tecnológica de la Comunitat Valenciana desde hace más de 25 años lo constituye nuestra Red de Institutos Tecnológicos de la Comunitat Valenciana (REDIT), integrada por catorce Institutos tecnológicos que dan respuesta a necesidades tanto sectoriales como vinculadas a las nuevas tecnologías de ámbito horizontal”.
Por otro lado, ha indicado que la Generalitat considera acertada tanto la elaboración de la Estrategia Estatal de Innovación como la inclusión de referencias a la misma en el borrador de anteproyecto, así como el enfoque basado en centrar el contenido de la Ley en la investigación científica y el desarrollo tecnológico generados en el sector público -universidades y organismos públicos de investigación (OPI)-, “de la misma manera que ya hicimos en la Comunitat Valenciana en el año 2009 con ocasión de la Ley Autonómica de la Ciencia”.
Ha señalado que, “de esta manera, se evita así legislar sobre las actividades de I+D e innovación desarrolladas por el sector privado, fundamentalmente, por las empresas”. Sin embargo, ha agregado que “todos estaremos de acuerdo en que es necesario fomentar la I+D privada y la innovación empresarial”.
Políticas activas de fomento del gasto en I+D+i
Por ello, considera que “resulta fundamental adoptar políticas activas de fomento del gasto privado en I+D+i que pasan por la modificación de leyes de ámbito estatal como la Ley de Subvenciones, la ley del Impuesto de Sociedades o el fomento del nuevo Contrato de Compra Pública de Tecnología Innovadora que el Gobierno ha decidido incluir en el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible cuando, a nuestro juicio, deberían incluirse en esta Ley”.
“La cuestión de fondo es que el actual anteproyecto incide sobremanera en la generación de conocimiento por parte de Universidades y OPI, pero evita sistemáticamente cualquier mención al papel que dicho conocimiento ha de jugar en el desarrollo económico presente y futuro de nuestro país”, ha añadido.
Asimismo, para Font de Mora "la ciencia y la tecnología son vectores fundamentales dentro del esquema de generación de empleo y riqueza”, por lo que considera que la Ley debe contemplar el desarrollo de la carrera investigadora. En este ámbito, la Comunitat propone algunas mejoras como la de que los contratos de acceso al Sistema Español de Ciencia y Tecnología “tengan una duración de cinco años y que la superación de la evaluación científica de esos años de trabajo dé lugar a una acreditación más que a un contrato indefinido”.
