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Blasco pide al Gobierno que no boicotee la política social del Consell

  • El Ministerio de Trabajo e Inmigración ignora a más de 52.000 rumanos y búlgaros para dar las ayudas del Fondo de Integración a la Comunitat

  • “Zapatero se desentiende de la población inmigrante y carga esa responsabilidad a las autonomías y a los ayuntamientos, cuando es competencia del Estado”

  • En la Comunidad Valenciana residen 137.523 rumanos y 36.344 búlgaros

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha pedido hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero que no boicotee la política social del Consell con continuos recortes presupuestarios que “ponen en peligro los programas de integración de la Generalitat y de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana”.

En este sentido, ha informado de que al ya conocido recorte presupuestario del 50% del Fondo de Acogida e Integración de Inmigrantes, previsto para 2010, se suma la decisión del Ministerio de excluir progresivamente a los rumanos y búlgaros en los criterios de distribución de dicho fondo entre las Comunidades Autónomas.

Blasco ha explicado que este año el cómputo de los ciudadanos rumanos y búlgaros se reducirá un 30% y se irá recortando progresivamente hasta extinguirse definitivamente en 4 años. De esta forma, este año quedarán excluidos ya 52.042 rumanos y búlgaros con la excusa de que son extranjeros comunitarios.

Una de las autonomías más afectadas por esta exclusión será la Comunitat Valenciana, ya que el peso de estas dos poblaciones, en especial de la rumana, es muy importante dentro del cómputo global de inmigrantes que residen en nuestra región. En concreto, en nuestra Comunitat residen más de 137.500 rumanos y más de 36.000 búlgaros, “que no por el hecho de ser comunitarios, dejan de necesitar la ayuda de las administraciones públicas”.

Tijeratazo del 50% al Fondo

Rafael Blasco ha recordado que “el Fondo ha sufrido este año un tijeretazo del 50%, pasando de un presupuesto de 200 millones de euros en 2009, a 100 millones para toda España. De confirmarse la partida prevista en los Presupuestos Generales del Estado, la Comunitat Valenciana pasaría de percibir 22,9 millones a 11,1 millones.

Según el conseller, “el Gobierno Socialista se está desentendiendo cada vez más de la población inmigrante, cargando toda la responsabilidad a las Comunidades autónomas y a los municipios, a pesar de que la gestión de la inmigración y los mecanismos de acogida son competencia del Estado”.

“La dejadez de funciones de Zapatero y su gobierno con respecto a la inmigración obligará al Gobierno Valenciano a hacer un mayor esfuerzo presupuestario y asfixiará económicamente a los ayuntamientos, sobre todo a aquellos con una mayor presión migratoria”, ha continuado Blasco.

Rumanos y búlgaros en la Comunitat

Según el Instituto Nacional de Estadística, en la Comunitat Valenciana residen un total de 137.523 rumanos. La colonia más numerosa se encuentra en la provincia de Castellón, en la que se contabilizan 54.517 ciudadanos de esta nacionalidad. Solo en Castellón de la Plana residen 24.218 rumanos.
La rumana es la primera nacionalidad extranjera en Castellón, tanto, que representan el 50% de la población inmigrante, cifrada en un total de 111.221 personas, o lo que es lo mismo: uno de cada dos extranjeros que residen en esta provincia es rumano.

En la provincia de Valencia el número de rumanos asciende a 50.998 y en la de Alicante a 32.008, aunque en ambos casos los inmigrantes de esta nacionalidad se encuentran más repartidos por todo el territorio provincial. Valencia y Alicante capital cuentan con un número de rumanos mucho más bajo que Castellón de la Plana, sobre todo en proporción a su población total. Así en Valencia se cuentan 11.011 y en Alicante, 3.620.

Por lo que respecta a los 36.344 ciudadanos de nacionalidad búlgara que residen en nuestra Comunidad, la mayoría de ellos se concentra en la provincia de Valencia con 22.679 personas, seguida de la de Alicante 12.491 y Castellón con 1.174.

Para el titular de Solidaridad y Ciudadanía “los datos estadísticos hablan por sí solos y demuestran que esta medida es injusta e insolidaria con las autonomías, con los ayuntamientos y con los propios inmigrantes afectados”.

“Esta decisión se aleja totalmente de la realidad social de estas personas, que necesitan cualquier apoyo que se les brinde de cara a su integración efectiva en nuestro país, una ayuda que, por supuesto, continuará prestándoles la Generalitat Valenciana”, ha concluido Blasco.

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