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El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha exigido hoy al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, medidas o ayudas para frenar o paliar el aumento del paro, que se está cebando con los colectivos más desfavorecidos, entre ellos los inmigrantes.

Blasco ha recordado a Corbacho que la inmigración también es competencia suya, “porque no lo parece, ya que el abandono al que el Gobierno socialista somete a la población inmigrante es intolerable y empieza a ser asfixiante, económicamente hablando, para las autonomías y los ayuntamientos”.

El conseller ha hecho estas declaraciones tras conocer los últimos datos oficiales del paro, que indican que los parados extranjeros de toda España ascienden a un total de 584.453, cerca de 18.000 más que en diciembre de 2009.

Por lo que respecta a la Comunitat Valenciana, es la segunda región española en la que más ha crecido el paro extranjero durante el primer mes del año. En concreto, 3.634 inmigrantes residentes en nuestra Comunidad han perdido su empleo en enero, un 35,6% más que durante el primer mes de 2009.

El titular de Solidaridad y Ciudadanía ha destacado que los datos demuestran que el paro crece a un mayor ritmo en el caso concreto de la población inmigrante que si hablamos en términos generales. El paro ha aumentado en la Comunidad un 3,29% durante el último mes, sin embargo el crecimiento del paro extranjero alcanza el 4,65%.

Más de 81.700 parados extranjeros

Con el incremento del mes de enero son ya 81.722 los extranjeros inscritos en las listas del paro en las tres provincias valencianas. Los parados extracomunitarios suman 49.794, mientras que el número de parados comunitarios se sitúa en 31.928, siendo la Comunitat Valenciana la región española con un mayor número de parados de países procedentes de la Unión Europea.

El motivo, según ha aclarado Blasco, es la numerosa población rumana y búlgara que reside en nuestra comunidad, “lo que choca con la intención del gobierno socialista de excluir a los ciudadanos de estas dos nacionalidades del Fondo de Integración a partir del próximo año”.

“Esta decisión absurda recortará todavía más la financiación que el Ministerio de Trabajo e Inmigración destina a los gobiernos autonómicos y perjudicará claramente a la Comunitat Valenciana, en la que residen más de 137.000 rumanos y más de 36.000 búlgaros, que no por ser comunitarios dejan de necesitar la ayuda de las administraciones públicas”, ha continuado el conseller.

Según el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, “mientras la situación laboral de los inmigrantes empeora mes a mes, Zapatero y su Gobierno se dedican a recortar cada vez más las ayudas del Fondo de Integración y a delegar competencias en materia de inmigración en los gobiernos autonómicos, sin poner ni los medios ni la financiación necesaria para ello”.