Such: “La Generalitat seguirá financiando el 70% de la aplicación de la Ley de la Dependencia en 2010”
La Consellera de Bienestar Social ha asistido en Madrid al Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
Such, tras el Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) celebrado en la sede del Ministerio de Sanidad y Política Social, ha explicado que las cantidades económicas que recibirán las CCAA de fondos procedentes del Estado por cada dependiente atendido con cargo al nivel mínimo “aumentan en un 1% respecto al pasado año, cuantías claramente insuficientes para financiar el sistema y que muestran que seguimos exactamente igual que en 2009, cuando destinamos 185 millones de euros frente a los 74 millones que aportó el Estado. Existe una falta de seguridad económica puesto que se desconocen las cantidades de nivel acordado para 2010, y los criterios de reparto de tales fondos”.
Durante la reunión del Pleno, se ha acordado también el proyecto del Real Decreto que regula las cantidades económicas que percibirán los dependientes por la vía de prestaciones económicas, cantidades que aumentan en un 0’3% las de 2009.
A este respecto la Consellera ha señalado que las cuantías en el caso de prestación económica vinculada al servicio, especialmente residencial, no alcanzan el coste del mismo, y por tanto “perjudica económicamente a los usuarios que optan por esta prestación económica frente a los que solicitan la prestación de servicios”.
En este sentido ha reclamado una reforma del sistema “para que este sea sostenible”, y ha puntualizado que “las cuantías de las prestaciones, especialmente en el caso de la residencial y más particularmente en el ámbito de la discapacidad, deberán ser revisadas en profundidad”.
Órganos de valoración
Por otro lado, durante el pleno se ha abordado también el acuerdo en materia de órganos de procedimientos de valoración de la situación de dependencia. La Consellera ha señalado que en este acuerdo se recoge el modelo que se ha desarrollado en la Comunitat Valenciana, diferenciando por un lado los órganos de valoración formados por equipos multidisciplinares (médico, psicólogo y trabajador social), de las personas valoradoras que aplican el baremo.
En este nuevo acuerdo, se exige que las personas valoradoras tengan una determinada formación específica en dependencia, cursos de 60 horas, y el acceso preferente sea para las personas que tengan titulación de medicina, psicología, terapia ocupacional, enfermería, fisioterapia y trabajo social.
Sobre este aspecto la Consellera ha señalado que todos los valoradores que trabajan en la aplicación del sistema en la Comunitat Valenciana “han pasado por un curso de 220 horas y tienen las titulaciones que se recogen en este acuerdo, por lo tanto triplican las horas de formación que se recogen en el mismo”.
Asimismo, el acuerdo recoge también una acotación de plazos, fijando 3 meses para la resolución de grado y nivel, y 3 meses más para la aprobación de la resolución del PIA, “plazos que recoge el nuevo decreto de la Conselleria de Bienestar Social que estamos en trámite de aprobación”, según ha reconocido Angélica Such.
Prestación de cuidados en el entorno familiar
Por último, se ha acordado una serie de condiciones para mejorar la calidad en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, con unos criterios comunes en la concesión y seguimiento de este tipo de prestación.
El objetivo de este acuerdo es lograr la mayor calidad posible en los cuidados que recibe la persona en situación de dependencia, “a través de una serie de condiciones que en su mayor parte son coincidentes con la práctica llevada a cabo por la Conselleria”.
