Dissabte 21 de Abril de 2018

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06/03/2018 | elperiodic.com  

Podem reclama que se garantice el derecho a la vivienda evitando desalojos

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El grupo parlamentario de Podem ha presentado una proposición no de ley en Les Corts Valencianes para garantizar el derecho humano a la vivienda con recursos suficientes para evitar desalojos sin alternativa habitacional.

Podemos ha presentado simultáneamente en todos los parlamentos autonómicos Proposiciones No de Ley en este sentido. Asimismo, Unidos Podemos ha presentado una interpelación y moción en el Congreso, para garantizar el derecho humano a la vivienda y el cumplimiento del estado español con sus compromisos en materia de derechos humanos.

El diputado de Podem y portavoz de Vivienda, Antonio Montiel ha recordardo que esta formación ya incluyó en los presupuestos para 2018 una medida para dotar con 75 millones de euros la compra de vivienda a particulares para ofertar en alquiler social, medida ante cuyo cumplimiento esta formación va a ser exigente, ha remarcado el diputado.

Según considera Podem, «la política en materia de vivienda desde hace décadas ha estado marcada en nuestro país por la concepción de la vivienda como un bien de cambio más que un bien de uso, con una óptica puramente economicista y no de derechos. Esto se refleja en la promoción de la propiedad privada como forma principal de tenencia, a través de políticas de facilitación del crédito y desgravaciones fiscales, y en el carácter altamente especulativo que han tenido las sucesivas legislaciones del suelo, estando vinculada la construcción de vivienda a la cultura del pelotazo».

En este contexto, critica, «las administraciones públicas han desarrollado el acceso a la vivienda como una cuestión de mercado y no de derecho social, acompañada con unas políticas públicas del todo insuficientes, lo cual contrasta claramente con la propia constitución, que en su artículo 47 reconoce el derecho a una vivienda adecuada».

La PNL reclama el establecimiento de protocolos de coordinación entre el Consejo General del Poder Judicial, la Generalitat y los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, con el fin de definir acciones de operación conjunta entre jueces y unidades de servicios sociales competentes para que, en casos de desalojos, las Administraciones Públicas competentes otorguen a las familias y personas en situación de vulnerabilidad una alternativa habitacional adecuada, o que se les ofrezca alquiler social.

También se plantea que se garantice el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos; el impulso de programas permanentes de ayuda al alquiler el parque público de viviendas y el incremento del parque público de viviendas. Asimismo, al Gobierno Central le reclama que cumpla con sus obligaciones internacionales para garantizar el derecho a una vivienda adecuada.

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