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El Consell deberá elaborar 100.000 informes al año para cumplir con la Ley de Extranjería

  • Blasco tilda de “trampa” la reforma legislativa para las comunidades autónomas

  • La reforma de la Ley dice que las CCAA podrán ser requeridas para acreditar el arraigo, renovar el permiso de residencia o la regrupación familiar

  • El Gobierno reduce un 50% los Fondos para la integración de las Comunidades Autónomas

El conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, ha exigido hoy al Gobierno de España más recursos para cumplir las nuevas obligaciones, hasta ahora desconocidas por las Comunidades, que se desprenden de la nueva Ley de Extranjería que, en el caso concreto de la Comunitat, podría traducirse en la elaboración de más de 100.000 informes al año.

Estos informes podrán solicitarse a las comunidades, por ejemplo, para renovar el permiso de residencia o la reagrupación familiar. Según el nuevo texto de la Ley de Extranjería, la concesión o renovación de estos informes deberá ir acompañado de un informe de la comunidad autónoma donde quede acreditada la integración de la persona inmigrante.

“El Gobierno socialista de Zapatero está cargando a las comunidades autónomas el ejercicio que le corresponde al Estado de acuerdo con sus competencias. Ahora esta reforma de la Ley de extranjería es una trampa a las administraciones autonómicas, en especial, aquellas que tienen más inmigrantes, porque supondrá un aumento de la burocracia al tener que elaborar informes sobre la integración de las personas inmigrantes que quieran renovar su permiso de residencia, nacionalidad o arraigo”, señala el conseller Blasco.

Se calcula que a los 10.000 informes de arraigo que realiza anualmente a través de las Agencias AMICS –conveniadas entre el Consell y los ayuntamientos-, se sumarán otros 90.000 para la renovación del permiso de residencia o los más de 20.000 por reagrupación familiar.

Más carga de trabajo pero menos ayudas

Esta nueva medida además de acarrear un aumento de trabajo para las Comunidades Autónomas, coincide –ha denunciado Blasco- con un importante recorte del 50% en los Fondos de Acogida e Integración que el Ministerio de Trabajo e Inmigración destina a las Comunidades Autónomas. Asimismo si el presupuesto del fondo en 2009 era de algo más de 221 millones de euros, para el próximo año 2010, tal y como prevé el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado se destinará a esta misma partida 111 millones de euros.

“Nos encontramos ante un incremento de nuestras funciones sin un aumento de las partidas presupuestarias para el sostenimiento de la actividad burocrática”, apunta el conseller. La Comunitat está a la cola de las regiones de acuerdo con la financiación por inmigrante y, en este sentido, Blasco ha recordado que desde el Consell se ha pedido al Gobierno de Zapatero la distribución de los recursos según una cuantía fija y población inmigrante residente. En concreto, el Consell pide algo más de 30 millones de euros.

Nuevas competencias de las Comunidades Autónomas

Las Comunidades Autónomas tendrán que elaborar informes en materia de: Residencia, nacionalidad o arraigo: para su concesión se valorará la voluntad de los extranjeros para el aprendizaje de las lenguas oficiales del estado y el seguimiento de programas de inserción socio-laborales y culturales. En la actualidad 597.424 personas residentes en la Comunitat Valenciana tienen un certificado de registro o tarjeta de residencia.

 

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