El presidente de la FVMP pide un Pacto que proteja el entorno natural de los pueblos de interior
La Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) ha celebrado este pasado fin de semana un Foro de Municipios de Interior de donde ha salido una Declaración en la que se pide abordar diferentes medidas para "garantizar políticas que permitan el desarrollo de iniciativas en estos municipios, la creación de empleo y evitar su despoblamiento", ha indicado Rubén Alfaro, presidente de la FVMP.
Alfaro ha hecho especial hincapié en la necesidad de aplicar políticas encaminadas a una protección permanente y específica de los entornos naturales ya que "son la base del desarrollo social y económico de muchos municipios pequeños". De hecho, el dirigente municipal considera que "es indispensable la coordinación de todas las administraciones públicas para prevenir y no lamentar catástrofes en lo que es la mayor fuente de riqueza como recurso de turismo, de empleo, de dinamización económica de la zona".
Es por ello que la Declaración que ha surgido de las jornadas celebradas este fin de semana en Cofrentes se insta a "elaborar un Pacto global de todas las instituciones, siendo los ayuntamientos los primeros interesados en disponer de recursos de protección".
En ese mismo texto que ha surgido del encuentro de decenas de alcaldes y alcaldesas para abordar la realidad de los pequeños municipios de interior se señala que "Consideramos que son imprescindibles políticas públicas que engloben medidas de discriminación positiva para los municipios con riesgo de despoblamiento. Las zonas deprimidas tienden a ser más vulnerables sino existe una potente ayuda exterior que cambie el rumbo hacia un círculo virtuoso de desarrollo sostenible".
Alfaro ha dicho que "los recursos naturales son una fuente de desarrollo de las zonas de interior y han de disponer de una protección especial para garantizar que su destrucción por cualquier motivo no lleve aparejada la ruina social y económica de estos lugares".
Además, los ayuntamientos siguen denunciando los obstáculos impuestos por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y las limitaciones financieras como del actual sistema de Techo de Gasto; evidencian la indiscutible infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, lo que tiene un reflejo en la administración local al imposibilitar la puesta en marcha de proyectos que benefician a todos los vecinos; y la necesidad de abordar la reforma de la Constitución Española para adaptar a la realidad municipal del siglo XXI.
