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Oltra: 'El Consell está decidido a completar una reforma tributaria justa con las personas'

Oltra: 'El Consell está decidido a completar una reforma tributaria justa con las personas'

    La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha afirmado que el actual Consell "es un gobierno comprometido con las personas, tal y como recoge el Acuerdo del Botánico. Por eso, está decidido a completar una reforma tributaria en la Comunitat Valenciana que desmonte definitivamente el sistema fiscal regresivo implantado durante 20 años por el anterior ejecutivo, donde los que menos tenían pagaban más que en el resto de las comunidades autónomas y los que más tenían hacían una menor contribución". 

    Oltra ha realizado estas declaraciones durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, que ha aprobado el anteproyecto de la conocida como Ley de Acompañamiento, "una de las más importantes del año, en la que se incluyen ·todas las modificaciones normativas que el Consell considera necesarias para llevar a término sus políticas fiscales, sociales y administrativas", ha puntualizado. 

    La vicepresidenta ha recordado que este año, "por primera vez, se ha sometido a exposición pública el contenido de esta ley, en la que se incluyen medidas que afectan a aspectos tributarios, a la acción administrativa de la Generalitat y a la organización del sector público instrumental". 

    Así, dentro del apartado de tributos, y con el fin de transformar todo el modelo fiscal valenciano, Oltra ha puntualizado que el Consell "modificó en su primer año de gobierno el impuesto de patrimonio, que tenía la tarifa más baja de toda España, equiparándolo a la media española; el segundo año se reformó el IRPF, que también se equiparó a otras comunidades autónomas, además de modificar el impuesto de sucesiones y donaciones; y este año abordamos la reforma integral del juego". 

    En este sentido, el anteproyecto de ley presentado "contempla un aumento del gravamen de los impuestos sobre máquinas recreativas y de azar, que se calcula supondrá un aumento en la recaudación de entorno a los 10 millones de euros; con el tributo que grava los casinos se espera un aumento de la recaudación de 650.00 euros; y con el aumento del impuesto sobre las apuestas se espera recaudar unos 6 millones de euros", ha explicado. 

    La vicepresidenta ha indicado que las modificaciones fiscales aportadas por la Ley de Acompañamiento, y que entrarán en vigor a partir del 1 de enero de 2018, "se integrarán en la futura ley del juego, cuyo anteproyecto ha sido sometido ya a información pública, y que contendrá medidas muy contundentes contra la ludopatía y para la protección de menores de edad, como el control de acceso a salones de juego para que ningún menor ni ningún ludópata pueda acceder". 

    Por otra parte, entre las novedades en materia tributaria, también se incluyen cambios que facilitan los requisitos para poder beneficiarse de las deducciones por alquiler de vivienda habitual y por arrendamiento de vivienda; asimismo, se garantiza el gasóleo profesional para transportistas, ampliando hasta el 31 de diciembre de 2018 la vigencia del tipo de devolución. 

    Mejoras de carácter social, sanitario, educativo y económico 

    En cuanto a los cambios que afectan a la acción de las diferentes consellerias, Oltra ha destacado las medidas de carácter social que incorpora la ley de acompañamiento, como el nuevo permiso retribuido para las funcionarias de la Generalitat a partir de la semana 37 de embarazo (35 en el caso en embarazo múltiple). 

    Asimismo, se simplifica el procedimiento para que las personas adoptadas que lo deseen puedan conocer su origen biológico, con la supresión de la intervención de las personas mediadoras cuya competencia se atribuye a la entidad pública. También se modifica el Estatuto de las Personas con Discapacidad, introduciendo en su contenido los principios de autonomía y vida independiente, y se sustituye la terminología de "discapacitado" por la de "persona con diversidad funcional". 

    En materia sanitaria se establece el acceso al servicio de dispensación de medicamentos a las personas residentes en centros sociosanitarios privados en igualdad de condiciones, lo que generará más de 65 nuevos puestos de trabajo de especialistas en farmacia hospitalaria. 

    El anteproyecto de ley recoge también, entre otros aspectos, la posibilidad de delegación de competencias a los ayuntamientos en materia de construcción mejoras de centros educativos y se regulan los efectos que tendrá sobre el personal la extinción del contrato de gestión de servicio público por concesión del departamento de salud de La Ribera a partir de marzo de 2018, de forma que la Generalitat se subrogará en la condición de empleador que tiene la actual concesionaria. 

    Finalmente, la vicepresidenta ha resaltado la modificación del régimen jurídico del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), "que supone avanzar en el cumplimiento de uno de los compromisos incluidos en el Acuerdo del Botánico, como es la recuperación del sistema financiero valenciano, convirtiendo a este ente en el Banco Público de la Generalitat". 

    Instalación de desfibriladores en espacios públicos no sanitarios 

    Por otro lado, el Consell también ha aprobado el decreto por el que se regula la instalación y uso, fuera del ámbito sanitario, de desfibriladores externos automáticos y semiautomáticos por parte de personal no médico. 

    "Esta medida -ha afirmado la vicepresidenta- tiene como objetivo principal conseguir salvar la vida de más personas". Así, ha recordado que la desfibrilación temprana y la reanimación cardiopulmonar básica son, según evidencias clínicas y científicas, "la respuesta más adecuada ante una situación de paro cardíaco. De ahí la importancia de regular el uso de estos dispositivos fuera del ámbito sanitario como medida fundamental de actuación inmediata mientras lleva la atención médica especializada", ha añadido. 

    El decreto regula los requisitos para la instalación y retirada de estos dispositivos, quiénes pueden utilizarlos así como la obligatoriedad de su disponibilidad en espacios de uso público como aeropuertos y puertos, estaciones de autobuses y ferrocarril de poblaciones de más de 50.000 habitantes, estaciones de metro con una afluencia de 2.000 personas o más al día; instalaciones deportivas con 500 o más usuarios diarios; centros educativos con aforo superior a 1.500 personas; y en establecimientos públicos con capacidad para acoger a más de un millar de personas.

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