Compromís pide nueva información al Gobierno sobre las autorizaciones al uso de productos para alterar el clima
El Gobierno acaba de admitir que la práctica de modificar la fase atmosférica del ciclo hidrológico existe y que la autoriza y supervisa. En una respuesta al senador territorial valenciano, Carles Mulet, el Gobierno señala que en la lucha contra el granizo “por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero se autorizaron estas actividades durante el periodo 2005-2009. La Confederación Hidrográfica del Ebro también emitió una autorización en el año 2007. Finalmente, la Confederación Hidrográfica del Segura autorizó una solicitud en noviembre de 2015 válida durante 12 meses”, lo que viene a corroborar las numerosas sospechas de ganaderos y agricultores, como es que algo pasa en los cielos, lo que podría tener a ver con la ausencia de lluvias.
La respuesta explica el procedimiento de alteración del ciclo hidrológico: “La alteración del ciclo hidrológico (3.1 y 3.2 RDPH), provocar o evitar lluvias, sólo puede ser modificada artificialmente por la Administración General del Estado o, en su caso, por aquellos a quienes ésta autorice. Toda actuación pública o privada tendente a modificar el régimen de lluvias deberá ser aprobada previamente por la Dirección General del Agua en el seno del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), a propuesta del Organismo de cuenca. A tal efecto, el Organismo de cuenca, a la vista del proyecto presentado por el solicitante, del conocimiento que exista sobre la materia y de los posibles efectos negativos sobre las precipitaciones en otras áreas, previo informe del Instituto Nacional de Meteorología elevará la propuesta al citado Ministerio”.
Los senadores de la coalición han reclamado, en una moción que se debatirá en la Comisión de Medio Ambiente el próximo día 28 de marzo, la modificación de la Ley del Agua para no permitir ni conceder autorizaciones de este estilo bajo ningún supuesto, una moratoria mientras se hace esta modificación y multas para evitar prácticas ilegales al margen del control de las administración.
En la actualidad son públicas e incluso han sido objetos de reportajes grandes extensiones de frutales en los que se queman productos químicos, la red antigranizo de la comunidad de Madrid o explotaciones que cuentan con sistemas de propagación de ondas de choque y radares para luchar contra el pedrisco. Para el senador Navarrete “lo que está claro es que estas prácticas no son eficientes, ni lo que ocurre en las capas altas controlable o evitable y que lanzar productos químicos a la atmósfera es un delito con consecuencias imprevisibles, por lo que reclamaremos más información, copias de las autorizaciones para conocer en qué consistieron y quien las solicitó y tratar de acabar con las suspicacias de la gente pues, la realidad es que ,de norte a sur, la gente nos asegura que algo ocurre en los cielos”, ha concluido.
