CSI·F lleva ante el Juzgado de lo Contencioso a la Generalitat
El sindicato CSI·F ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la Generalitat por infringir el derecho a la libertad sindical, que recoge la Constitución Española en su artículo 28.1. La central sindical ha llevado a cabo esta medida tras ser obligado a abandonar una reunión a la que había sido convocado para informar de las últimas novedades en el anteproyecto de la Ley de Empleo Público de la Comunidad Valenciana.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) explica en su escrito la vulneración que se ha producido "en la vertiente del derecho a la negociación colectiva, ya que se le ha impedido al sindicato por la actuación concreta de la Administración". La central sindical continúa relatando que esa decisión de la Generalitat "pone de manifiesto la negociación con solo algunos de los sindicatos convocados".
La central sindical comenta, en el recurso contencioso, que la Generalitat ha actuado "al margen del correspondiente colegio negociador", pues las cuestiones relacionadas con la Ley de Empleo Público "deben negociarse en el seno de la Mesa General de Negociación de la Generalitat". También señala cómo la Generalitat hizo "abandonar al sindicato la reunión convocada para informar de las últimas modificaciones introducidas en el anteproyecto".
CSI·F apunta que los convocantes de esa reunión fueron "la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, y el conseller de Educación, Investigación y Cultura, siendo los participantes los sindicatos de la Mesa General de Negociación de la Generalitat". En su petición al juzgado, CSI·F solicita la admisión del recurso contencioso administrativo por "el procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales contra la actuación administrativa mencionada".
Los hechos motivo de este contencioso ocurrieron el pasado 21 de febrero, cuando CSI·F, después de ser convocado a una reunión, fue obligado a salir. En esta cita Conselleria acordó la imposición del requisito lingüístico en Administración del Consell, tal como había pactado con tres sindicatos, en lugar de aplicarlo como mérito, medida que reclama la central sindical.
