Puig y Díaz proponen las bases para “reorientar” la reforma del modelo de financiación autonómico
El President de la Generalitat, Ximo Puig, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, han firmado un documento que recoge los principios fundamentales para "reorientar" la reforma del modelo de financiación de las comunidades autónomas.
El acuerdo llega después de que la Comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica, surgida a raíz de la Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de enero, se haya reunido por primera vez. "Creemos que el Ministerio no ha entendido suficientemente el mensaje que se lanzó desde la Conferencia de Presidentes, en el que se decía bien claro que hay que trabajar conjuntamente todo este proceso", ha dicho el President, quien observa "con preocupación que se intente controlar excesivamente desde el Ministerio y que no se de voz real a los expertos" que la constituyen.
Con el objetivo de "reorientar" la reforma del sistema de financiación autonómico, Puig y Díaz han rubricado un acuerdo que establece que la reforma del sistema de financiación autonómica no debe abordarse como un debate entre territorios, "sino con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Estado del Bienestar en España". De lo que se trata, ha puntualizado el jefe del Consell, es de que los ciudadanos cuenten con los mismos recursos y oportunidades con independencia del territorio donde vivan.
Puig ha recordado que el actual modelo de financiación "no ha protegido el gasto social durante la crisis", ya que en las partidas de sanidad, educación y dependencia el gasto real por habitante de las Comunidades se ha visto forzado a retroceder un 15%. Concretamente, este se encuentra 4 puntos del PIB por debajo de la media de los países de la eurozona, es decir, 40.000 millones de euros menos.
El acuerdo establece también que el modelo debe proporcionar una financiación "suficiente" para que las comunidades autónomas puedan prestar todos los servicios públicos de los que son responsables, así como velar por la equiparación en recursos a las distintas regiones y dotar de estabilidad a la financiación de la sanidad, la educación y los servicios sociales, con el objetivo de que el Estado de Bienestar quede "protegido de las oscilaciones del ciclo económico".
Además, se hace necesario "asegurar la aplicación efectiva del principio de lealtad institucional entre el Estado y las Comunidades Autónomas", así como entre las regiones. Esto se traduce, ta y como ha explicado Puig, en que las nuevas necesidades de gasto deben ir acompañadas de los recursos correspondientes. Además, en este mismo sentido, "ha de acometerse un proceso de armonización fiscal", que es "una condición necesaria para que cualquier sistema de financiación autonómica funcione de manera eficiente y equitativa".
El nuevo modelo "debe ser sencillo, transparente y predecible", lo que permitirá la planificación a medio y largo plazo y coadyuvará a una mejor consolidación fiscal en las Comunidades. A este respecto, Puig y Díaz han apostado por que estos principios rijan también el diseño de la financiación de los servicios prestados por las corporaciones locales a los ciudadanos y en la determinación de los objetivos de déficit de los diferentes niveles de administraciones públicas.
Finalmente, el texto recoge que "debe abordarse la problemática derivada de los déficits presupuestarios generados por la infrafinanciación autonómica desde el principio y, particularmente, en el periodo 2002 a 2017". "La infrafinanciación que han experimentado las comunidades autónomas debe ser tratada y solucionada como un problema de Estado, especialmente si la puesta en marcha del nuevo sistema de financiación se demora en el tiempo", ha concluido el President.
Violencia de género
El President Ximo Puig y la presidenta Susana Díaz han solicitado, asimismo, una convocatoria extraordinaria de la Conferencia de Presidentes para tratar la violencia de género, y en la que, han dicho, deberían participar la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo General del Poder Judicial.
"Las políticas de igualdad que se han hecho históricamente en la Junta de Andalucía y las que estamos desarrollando nosotros convergen en esa voluntad que va más allá de lo coyuntural, y que tiene que ir a lo estructural, que tiene que hablar de la educación, de la justicia, de la actuación de todo el aparato judicial, de la policía y de las instituciones, que deben estar mucho más comprometidas", ha indicado Puig.
En este sentido, la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha propuesto un "gran pacto valenciano" contra la violencia machista. Así, ha convocado a la sociedad civil, partidos políticos, instituciones, sindicatos, entidades feministas, representantes de las patronales, universidades y gobiernos autonómicos y locales "a construir un gran pacto valenciano contra la violencia de género, que sea el embrión de un gran pacto de Estado y que tenga en cuenta políticas y recursos para parar esta masacre, para que no haya ni una muerte más, ni una mujer menos".
Por último, ambos presidentes autonómicos han coincidido en reivindicar la construcción del Corredor Mediterráneo. Según ha concretado Puig, es necesario dotar al arco mediterráneo español "de la potencia necesaria para que de verdad sea un impulsor del crecimiento económico de este país". Por ello, han insistido en que esta debe ser una cuestión "prioritaria" para el Gobierno de España en materia de infraestructuras.
