Bravo traslada al Gobierno central la necesidad de eliminar las trabas para ofertar empleo público
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, hará llegar este martes a la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, la propuesta con la que espera que el Gobierno central ponga fin a la limitación de las tasas de reposición para las ofertas de empleo público. En el caso de la Administración valenciana esta restricción impide que se pueda cubrir el alto número de vacantes así como reducir el alto índice de temporalidad de las plantillas de empleados públicos, que ahora mismo es del 35%.
En el encuentro por parte del ministerio estarán presentes, además de la secretaria de Estado de Función Pública, el director general de Función Pública del Gobierno de España, Javier Pérez Medina, y el director general de Costes de Personal, Juan José Herrera Campa. Por parte de la Conselleria de Justicia, acompaña a Gabriela Bravo la directora general de Función Pública, Eva Coscollá.
Gabriela Bravo trasladará al Ministerio de Hacienda la necesidad de eliminar las trabas para ofertar empleo público en la Comunitat Valenciana. Y es que la Generalitat necesita contratar a 4.500 nuevos empleados públicos en los próximos tres años para evitar el colapso de una Administración lastrada por el alto número de vacantes en su plantilla y el envejecimiento de la misma. Ahora mismo se registran 1.141 vacantes sobre un total de 17.073 puestos de trabajo. Además, la edad media de los empleados públicos provocará alrededor de 5.000 jubilaciones en los próximos diez años, que serán 12.000 a dos décadas vista.
En este sentido, la titular de Justicia y Administración Pública trasladará al Gobierno central los detalles del acuerdo alcanzado en el pleno del Consell del pasado 13 de enero en el que se proponía la eliminación de las cláusulas restrictivas en materia del número de plazas susceptibles de ser convocadas en oferta de empleo por las administraciones públicas en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017. Si se mantuviesen las aprobadas en los últimos ejercicios, la Generalitat no podría hacer frente a los tres graves problemas derivados de altas cifras de vacantes, interinos y jubilaciones previstas.
En este sentido, Gabriela Bravo propondrá que las plazas incursas en procesos de consolidación no computen dentro de la tasa de reposición para poder ordenar los recursos humanos de las administraciones públicas. Además, reclamará una reforma del precepto legal que impide consolidar las plazas ocupadas de forma interina o temporal con posterioridad al 1 de enero de 2005, de manera que puedan acogerse a esta vía de acceso al empleo público todo el personal interino con al menos cinco años de antigüedad.
El acuerdo del Consell que la consellera trasladará al Ministerio de Hacienda también afecta a las condiciones laborales de los empleados públicos de la Generalitat. En concreto, su segundo punto insta a la supresión de las restricciones para la negociación de la recuperación de su poder adquisitivo incluidas en el real Decreto Ley 20/2013, de 13 de julio, que recoge medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
