El Consell insta al Gobierno central a eliminar la tasa de reposición
El Consell ha acordado reclamar al Gobierno central la eliminación de las tasas de reposición que limitan el alcance de futuras ofertas de empleo público, debido a la restricción de cubrir el alto número de vacantes de que adolece la administración pública valenciana y de reducir el alto índice de temporalidad de sus plantillas, que alcanza el 35 por ciento.
El Pleno del Consell cumple así el Acuerdo de Legislatura firmado con las centrales sindicales en junio de 2016, que apostó por instar al Ejecutivo central la modificación de preceptos que afectan a determinadas condiciones del personal empleado público de la Generalitat.
El acuerdo propone la eliminación de "las cláusulas restrictivas en materia del número de plazas susceptibles de ser convocadas en oferta de empleo por la administraciones públicas" en la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Si se mantuviesen las aprobadas en los últimos ejercicios, la Generalitat no podría hacer frente a los tres graves problemas que aquejan a su administración: las vacantes; el alto porcentaje de interinos y el elevado número de jubilaciones que se producirán en los próximos años.
Como alternativa subsidiaria, el acuerdo del Consell reclama "que las plazas incursas en procesos de consolidación no computen dentro de la tasa de reposición para poder ordenar los recursos humanos de las administraciones públicas".
Además, se reclama una reforma del precepto legal que impide consolidar las plazas ocupadas de forma interina o temporal con posterioridad al 1 de enero de 2005, de manera que puedan acogerse a esta vía de acceso al empleo público todo el personal interino con al menos cinco años de antigüedad.
Recuperar poder adquisitivo
El acuerdo del Consell también afecta a las condiciones laborales de los empleados públicos de la Generalitat. Su segundo punto insta a la supresión de las restricciones para la negociación de la recuperación de su poder adquisitivo, incluidas en el real Decreto Ley 20/2013, de 13 de julio, que recoge medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
El acuerdo plantea asimismo la eliminación de la incompatibilidad legal que impide que el personal funcionario y estatutario pueda acceder a la jubilación parcial si le es de aplicación determinados regímenes de la Seguridad Social.
El acuerdo reclama también la supresión de las restricciones relativas a la prestación económica en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración, de manera que sea posible complementarla hasta que alcance el cien por ciento de las retribuciones en todas las situaciones de incapacidad temporal.
