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Bravo se compromete con los sindicatos a exigir al Gobierno central la eliminación de las barreras para aumentar las plantillas públicas

Bravo se compromete con los sindicatos a exigir al Gobierno central la eliminación de las barreras para aumentar las plantillas públicas

    La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, se ha comprometido ante los sindicatos presentes en la Mesa General de Negociación a exigir al Gobierno central que se elimine la restricción del número de plazas que se pueden convocar en las diferentes Ofertas de Empleo Público (OPE) para aumentar las plantillas de la Administración Pública valenciana.

    La consellera ha asegurado que es "imprescindible la desaparición de las tasas de reposición. No es posible hacer frente a las deficiencias de las que adolece la Administración de la Generalitat si el Gobierno de la Nación sigue manteniendo limitaciones a la posibilidad de convocar ofertas de empleo".

    Gabriela Bravo ha explicado que este Consell "ha reclamado y va a seguir reclamando la eliminación en las próximas leyes de Presupuestos Generales del Estado de las limitaciones respecto a las ofertas públicas de empleo".

    Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 establecían para las comunidades autónomas unos límites que permiten, por primera vez desde 2009, una tasa de reposición del 100% para funcionarios de los sectores considerados prioritarios.

    Esto significaba que se podían convocar oposiciones para cubrir la totalidad de los puestos que hubieran quedado vacantes, principalmente por jubilaciones.

    Para las otras categorías profesionales, la tasa de reposición se limitó al 50% tras años de haberse mantenido a cero. Esta circunstancia fue aprovechada por la conselleria que dirige Gabriela Bravo para acordar con los representantes sindicales la Oferta de Empleo Público (OPE) del año 2016 que contempla la creación de 863 nuevas plazas (342 de turno libre y 521 de promoción interna) y que se desarrollará a lo largo del próximo 2017.

    Los representantes del Ejecutivo valenciano y de las centrales sindicales han coincidido en la necesidad de derogar las restricciones contenidas en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria. Esta normativa ha supuesto "no sólo una pérdida importante de poder adquisitivo por parte de los trabajadores públicos, sino también el retroceso en sus derechos sociales y sus condiciones laborales", ha indicado la consellera.

    Así mismo, en la mesa, también se ha acordado exigir al Gobierno central que se elimine la incompatibilidad que prohíbe al personal funcionario y estatutario acceder a la jubilación parcial.

    En otro orden de cosas, todos los sindicatos, a excepción de la Intersindical que ha votado en contra, han llegado a un pacto con el Consell por el que se establecen los criterios comunes de las convocatorias de las OPE para los años 2017, 2018 y 2019.

    Entre las novedades destaca que las OPE de los ejercicios mencionados se llevarán a cabo mediante dos modalidades de acceso tal y como permite la ley: los procesos de consolidación y los procesos de concurso-oposición ordinarios.

    En los procesos de consolidación se convocarán plazas para cubrir aquellos puestos de carácter estructural de los distintos cuerpos y escalas que estén dotados presupuestariamente y que se encuentren ocupados de forma interina o temporal con anterioridad al 1 de enero de 2005. Estos procesos contarán con pruebas de contenido teórico y práctico donde la valoración de la fase de oposición será del 60% y la de la fase de concurso será el 40%.

    Otro de los pactos que se han alcanzado, con el apoyo unánime de las centrales sindicales, es la creación de una comisión para la reversión de las prestaciones sanitarias laborales al sistema público de salud, que todavía prestaban aseguradoras y mutuas privadas.

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