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EUPV pide al Gobierno Central que se posicione con respecto al caso de discriminación lingüística de un abogado valenciano

    El diputado de EUPV, Ricardo Sixto, ha planteado una batería de preguntas a la Mesa del Congreso de los Diputados relativas al archivo por parte de la Fiscalía de Área de Benidorm-Denia de la denuncia de un abogado valenciano que pretendía abrir la vía penal por lo que él considera una vulneración de sus derechos, al no obtener respuesta en las instancias administrativas a la hora de reclamar el recibir las notificaciones del juzgado de Primera Instancia Número 2 de Benidorm en valenciano. En concreto, Sixto pregunta al Gobierno central sobre la opinión que le merece este caso de discriminación lingüística, así como si piensa actuar para garantizar los derechos de las personas valenciano hablantes en el Estado español.
    Según ha explicado el diputado en el texto planteado, "este ciudadano ya puso en evidencia la falta de traductores y la anómala situación de la lengua propia en sede judicial cuando presentó en el juzgado una demanda escrita en valenciano y recibió como respuesta de la secretaria judicial que él mismo debía escribir la traducción del texto si no quería ver dilatado su proceso".

    En todo caso, la negativa de la Fiscalía a que el denunciante reciba las notificaciones en valenciano parece contravenir el artículo 11 de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del valencià, que establece en su apartado 1 que "en aquellas actuaciones administrativas iniciadas a instancia de parte y en las que habiendo otros interesados así lo manifestaran, la Administración actuante, deberá comunicarles cuanto a ellos les afecte en la lengua oficial que escojan, cualquier que fuera la lengua oficial en que se hubiere iniciado", comenta Ricardo Sixto.

    Por último, el dirigente de la formación de izquierdas ha recordado que España ha firmado y ratificado La Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, aprobada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 25 de junio de 1992. "Con más razón todavía no se deberían dar casos de discriminación como este en nuestro país y, por eso, exigimos al Gobierno central un posicionamiento al respecto", ha concluido.

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