El Consell acuerda incluir una partida de 1.325 millones para hacer efectivo el principio de suficiencia y equidad
El pleno del Consell ha acordado hoy incluir una partida de 1.325 millones en los Presupuestos de la Generalitat de 2017 para hacer efectivo el principio de suficiencia y equidad previsto en la Ley 22/2009 de Financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía (Lofca).
Con esta medida, el Consell pretende garantizar que la mejora que está experimentando la economía valenciana se traslade también al día a día de las familias, mientras continúa con su reivindicación de un modelo de financiación justo, que asegure que los niveles de prestación de servicios públicos en nuestra comunidad no difieran de forma relevante de los del resto de autonomías.
La economía valenciana registrará este año una mejor evolución que la española y las previsiones señalan que crecerá un 3,3% frente al 3,1% de España, según el último informe elaborado por el BBVA Research. Entre 2016 y 2017, el aumento será del 5,5%, según las estimaciones. El Gobierno valenciano está comprometido con las personas y ha resuelto que este crecimiento que se constata en las cifras macroeconómicas se traslade también a las familias valencianas, de forma que se traduzca en una mejora efectiva en la prestación de los servicios básicos de sanidad, educación y atención social.
Esto es especialmente necesario, sobre todo teniendo en cuenta la situación de infrafinanciación crónica que sufre la Comunitat Valenciana. Cabe recordar el informe elaborado por la Comisión de Expertos pactados por las Corts sobre financiación autonómica, que determina que, para alcanzar el gasto promedio por habitante de las autonomías, la Comunitat Valenciana necesitaría en 2016 disponer de unos ingresos adicionales de 2.464,3 millones una vez descontado el recurso al endeudamiento fijado por el Gobierno en el 0,3% del PIB (en el momento de elaboración del informe).
A la penalización que supone la infrafinanciación derivada del actual modelo, que asigna a la Comunitat Valenciana unos ingresos muy por debajo de la media, se añade el hecho de que es la única autonomía con una renta per cápita inferior a la media que aporta al Estado más de lo que recibe. Esto supone que aunque la Comunitat Valenciana es una "región" pobre en relación al conjunto de las autonomías, contribuye como si fuera una comunidad "rica" y, de hecho, financia a otros territorios con una renta per cápita superior.
La intención del Gobierno valenciano es recortar la brecha en el gasto promedio por habitante del conjunto de las autonomías para ir aproximando a la Comunitat Valenciana a la media. El Ejecutivo entiende que no sería admisible el que, por tercer año consecutivo, el presupuesto autonómico quedara congelado, lo que comportaría una pérdida de competitividad respecto a otros territorios y una demora en inversiones estratégicas para la Comunitat Valenciana.
El compromiso del Consell con sus ciudadanos, así como con la prestación de los servicios públicos fundamentales y con el resto de competencias que tiene atribuidas, no puede quedar condicionado de forma irreversible por estas circunstancias, y exige adoptar medidas como la inclusión de esta partida que permita asegurar que los niveles de prestación de servicios en la Comunitat Valenciana no difieren de forma relevante del resto de comunidades.
A estas razones, se suma el hecho de que la Generalitat ha de asumir con sus propios recursos decisiones estatales que no vienen acompañadas, total o parcialmente, de la financiación correspondiente, como la reducción de los ratios de número de alumnos por aula, el coste íntegro de los tratamientos contra la hepatitis C o la falta de garantía en la financiación del 50% de las ayudas a la Dependencia.
Legitimidad y "principio de prudencia"
La financiación prevista en el marco del modelo comunicada por el Ministerio de Hacienda a la Generalitat resulta "claramente insuficiente" para absorber la diferencia de gasto promedio entre la Comunitat Valenciana y el resto de autonomías. En concreto, el Gobierno ha traslado que para 2017 se incrementarán los fondos para la Comunitat Valenciana en únicamente 469,7 millones de euros.
De éstos, 223 millones corresponden al error en las previsiones realizadas por el Gobierno en 2015, unos recursos que recibiremos en 2017, dos años después, vía liquidación del modelo. Los restantes 245,7 millones son las entregas a cuenta del próximo ejercicio, una cifra fijada por el ministerio con carácter "provisional" tomando como referencia las cantidades de este año, argumentando que ha prorrogado los Presupuestos Generales del Estado. De este modo, todo indica que serán revisadas al alza o que generarán una mayor liquidación en 2019.
El Consell ha tomado la decisión de incorporar esta partida en los Presupuestos de 2017 desde "la legitimidad que le otorga aspirar a desarrollar sus competencias en condiciones de igualdad con el resto de las comunidades autónomas y teniendo en cuenta que aplica un principio de prudencia que le acerque al nivel de suficiencia para el desarrollo de sus competencias, sin que ello signifique renunciar a la posibilidad de obtener la financiación necesaria que asegure el principio de suficiencia financiera" para los valencianos y las valencianas.
En la senda de la consolidación
Así las cosas, cabe resaltar que la Comunitat Valenciana está claramente en la senda de la consolidación fiscal y, después cerrar 2015 con un desfase del 2,59% entre ingresos y gastos, está consiguiendo una importante reducción del déficit sin que ello suponga recorte alguno, reorientado las políticas de gasto para enfatizar las necesidades de las personas.
