La Comunitat Valenciana será la primera de España en formar a los empleados públicos para elaborar informes de impacto en la infancia

La Comunitat Valenciana es la primera autonomía de España que está trabajando en la formación de los empleados públicos de toda la Generalitat para la elaboración de informes de impacto en la infancia, que garanticen que en los procesos de elaboración de normativas y diseño de políticas, desde los distintos departamentos del Consell, se tenga en cuenta a los menores.

Así, lo ha explicado la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, quien ha precisado que el objetivo es facilitar, orientar e instruir sobre la elaboración de estos informes, puesto que los anteproyectos de ley y los proyectos de reglamento que se elaboran desde las distintas consellerias deben contar con un informe sobre el impacto de la normativa en la infancia y la adolescencia, garantizando así que se elaboran atendiendo el interés superior del menor y el principio de no discriminación de este colectivo, que podrá ser consultado en el proceso.

Cada organismo que impulsa una normativa es el encargado de elaborar el informe de impacto en infancia, por lo que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, además de este curso de formación, se está preparando otra oferta formativa en colaboración con el IVAP para formar a personal de otros departamentos de la Generalitat.

Para Rosa Molero, la evaluación anticipada de los posibles efectos de políticas y normativas, "además de garantizar que las niñas y los niños son tenidos en cuenta en el proceso de elaboración y diseño de las mismas, previenen efectos negativos indeseados o potencian los positivos y contribuyen a la garantía de dos principios básicos de la Convención, es decir, el interés superior del niño y el principio de no discriminación".

Según ha explicado la directora general de Infancia y Adolescencia, la elaboración de los informes de impacto cumple lo establecido en la Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, con el objetivo de "prevenir los efectos negativos no deseados y potenciar los efectos positivos, siempre contribuyendo a garantizar que se respeta el interés superior del niño y asegurar que se cumple el "principio de no discriminación", ha asegurado Rosa Molero.

Para Molero, es "muy importante", disponer de las herramientas necesarias para poder tener una valoración de los efectos de las medidas que se adoptan desde los poderes públicos sobre los niños, niñas y adolescentes y también es "fundamental" formar en esta materia.

El curso, impartido por Gabriel González Bueno, especialista en Políticas de Infancia de UNICEF Comité Español, y Carlos Becedóniz, coordinador del Observatorio de Infancia de Asturias, se desarrolla desde el 19 de octubre al 30 de noviembre en la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre.

En el curso se abordan conceptos básicos en torno a la infancia y la estructura y contenidos del informe de impacto, así como orientaciones para su elaboración, utilizando herramientas son los análisis de evaluación del impacto en los derechos de la infancia (Child Rights Impact Assessment, CRIA, en inglés). Además se analizan diversas disposiciones normativas cercanas a la práctica profesional del alumnado sobre las cuales realizar una práctica de informe de impacto de infancia.

El alumnado, además, tiene la posibilidad de poner en común el proceso práctico, abordando dudas y obstáculos encontrados y asentar y consolidar la aplicación práctica.

El análisis del impacto en la infancia sirve para conocer de qué manera la regulación vigente o la falta de la misma influye sobre la situación de las necesidades y derechos de la infancia, además de para identificar los cambios que puedan originar la puesta en marcha de una futura norma sobre la situación de las personas menores de edad cuando ésta entre en vigor.

Para garantizar que el impacto de la norma sea positivo, el informe debe especificar los cambios que se han de introducir para corregir las situaciones que se han detectado que dificultan el cumplimiento de los derechos de la infancia, así como las recomendaciones complementarias que pudieran evitar el impacto negativo.