Justicia acelera el proceso para implantar de la nueva oficina judicial a partir del 1 de enero
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas ha acelerado el proceso de implantación del modelo valenciano de Nueva Oficina Judicial (NOJ) con la creación de los servicios comunes de asuntos generales en 35 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, y la aprobación inicial de las relaciones de puestos de trabajo.
Ferran Puchades, secretario autonómico de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, ha explicado que la Dirección General de Justicia iniciará la implantación progresiva de las estructuras del nuevo modelo de oficina judicial a partir del 1 de enero de 2017, para "optimizar y racionalizar los recursos humanos y materiales disponibles actualmente con el objetivo de ofrecer un servicio público más eficaz, rápido y personalizado a la ciudadanía".
De esta forma, los servicios generales que hasta ahora se prestan de forma independiente en cada juzgado, se empezarán a realizar de forma transversal para todos los órganos judiciales de un mismo partido judicial. Este primer paso ya supondrá un avance clave en el objetivo de unificar el tiempo de gestión de un determinado proceso judicial con independencia del juzgado que conozca de la causa.
Competencia lingüística en valenciano
Por otra parte, Puchades ha destacadp que la relación de puestos de trabajo, publicada en la edición de este viernes del Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, incluye un total de 40 plazas de tramitadores y una plaza de gestor con competencia lingüística en valenciano en los servicios comunes de asuntos generales, previstas para conformar la nueva estructura de trabajo en los órganos judiciales, que afectará aproximadamente a 400 funcionarios de la Administración judicial.
En este sentido, ha asegurado que "la presencia de personal con conocimientos acreditados de valenciano permitirá atender a la ciudadanía en ambas lenguas cooficiales en pie de igualdad, respetar los derechos lingüísticos y extender progresivamente la presencia de la lengua propia en la Administración de Justicia".
