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El Consell paga puntualmente los honorarios del segundo trimestre a abogados y procuradores del turno de oficio

    La Generalitat ha pagado puntualmente por tercer trimestre consecutivo los honorarios de los abogados y procuradores que trabajan en el Turno de Oficio de la Administración de Justicia de la Comunitat Valenciana. Hoy mismo, se ha confirmado una transferencia de 6.417.336,69 euros para el Consejo de Colegios de Abogados de la Comunidad Valenciana y otra de 1.081.502,80 para el organismo que agrupa a los colegios de procuradores de las tres provincias. Estas cantidades corresponden a los servicios prestados por estos profesionales jurídicos durante el segundo trimestre del 2016.

    El abono se ha realizado bajo el compromiso de puntualidad que asumió la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para terminar con años de retrasos y recortes en una prestación publica básica como es el derecho a la justicia gratuita para aquellos que lo necesiten. El pago de la cantidad correspondiente al primer trimestre se llevó a término, tal y como estaba previsto, el pasado 28 de junio cuando procuradores y abogados recibieron 934.477,70 y 5.601.718,94 euros, respectivamente. En lo que llevamos de año, la Generalitat ha satisfecho a los consejos de estos colegios profesionales más de 20,4 millones de euros para asegurar que todos los valencianos tengan garantizada la asistencia jurídica, independientemente de su nivel de ingresos.

    Este pago vino precedido por otro anterior que marcó un punto de inflexión. El pasado 31 de marzo, el Consell abonó los importes correspondientes a los honorarios de los abogados y procuradores de la Comunitat Valenciana que prestan sus servicios en el Turno de Oficio correspondiente al último trimestre del año 2015. Entonces, el Consejo de Colegios de Abogados recibió 5.966.163,12 euros mientras que al Consejo de Colegios de Procuradores se le ingresaron 1.002.097,20 euros por este mismo concepto. En aquel momento, también se incluyó en el pago el último trimestre de 2015 al que se aplicó, con carácter retroactivo, el incremento de los baremos aprobado para el año 2016.

    La Conselleria de Justicia negoció con la Conselleria de Hacienda que en este abono se incluyera el aumento por la necesidad de compensar los fuertes recortes que estos profesionales jurídicos habían sufrido, especialmente a partir del año 2012, además de los constantes retrasos en los pagos durante años.

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