El GPP llevará a Marzá a los tribunales por “su insumisión a la norma estatal de evaluación en los centros”
La Portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Beatriz Gascó, ha anunciado esta mañana en rueda de prensa que el PP va a recurrir ante los tribunales la resolución de Educación sobre la evaluación en los centros por la que incumple la ley educativa. “Esta norma supone una actitud prevaricadora, insumisa e irresponsable de este gobierno a la valenciana cuyas consecuencias las acaban pagando las familias que les están imponiendo un modelo radical donde nadie escucha su opinión, los alumnos que van a ver coartadas sus posibilidades de recibir una educación mucho más completa, y el profesorado que, una vez más, lo deja en una tesitura de incertidumbre e inseguridad”.
Gascó ha denunciado que “el gobierno de Puig y Oltra está incumpliendo la normativa estatal básica en materia educativa. La resolución de Educación es ilegal porque deja libertad a los centros para realizar o no la prueba específica de evaluación final de etapa, no es una prueba externa y no se aplican cuestionarios de contexto como indica la ley. No cumplir una Ley orgánica supone insumisión y un grave ataque al estado de derecho, sentando un peligroso precedente”.
Para la portavoz popular, “la insumisión de Marzá condena a la educación pública a la mediocridad más absoluta. Ha establecido un modelo cogido de la bandera de la mediocridad. Las evaluaciones externas son un instrumento de mejora del sistema educativo al que renuncia. Sin estándares mínimos cada alumno tendrá un nivel diferente, no habrá base para comparar y, entre otras consecuencias, la Conselleria tendrá dificultades para adoptar medidas de mejora y dotar de recursos adicionales a aquellos centros que lo requieran”. En este sentido, la diputada popular se ha preguntado si “igual lo que se pretende es no tener que rendir cuentas”.
Beatriz Gascó ha señalado que “la supresión supone una clara desventaja y una discriminación para los alumnos de esta Comunidad Autónoma que provocará que el sistema educativo valenciano tenga un alumnado menos preparado y menos competitivo. Estamos ante un tema serio que no sólo afecta a la formación de los alumnos sino al incumplimiento de una ley orgánica lo que supone una insumisión y un grave ataque al estado de derecho”.
La portavoz educativa popular ha señalado que “ya está bien de que Puig y Oltra intenten enmascarar con mentiras su utilización, una vez más, de la educación para fines partidistas y sectarios. No dicen la verdad como con la concertada”.
La diputada popular ha indicado que “estamos cansados de un suma de despropósitos y anuncios vacíos que solo generan caos en los centros, como Xarxa Llibres donde solo han cobrado el primer pago el 40% de las familias que lo han solicitado, la imposición del valenciano o la jornada continua. La gestión es un auténtico desastre: a punto de terminar el curso no han sacado las instrucciones para el curso siguiente, llevan retraso en todas las convocatorias. Un caos sin precedentes en la gestión y en la elaboración de normas que suponen inseguridad y desventajas para la comunidad educativa”.
La portavoz popular ha concluido señalando que “empezamos interviniendo judicialmente la resolución de las pruebas de evaluación, pero también denunciaremos todas aquellas normas que vulneren los intereses de las familias y los alumnos. Ante este desgobierno alguien se tiene que preocupar por las familias, los docentes y los alumnos para mejorar el sistema educativo y velar por la certidumbre, la legalidad y la seguridad”.
