Rebeca Torró informa a la Mesa de Prevención de Desahucios del Anteproyecto de Ley de la Función Social de la Vivienda
La directora general de Vivienda y regeneración Urbana, Rebeca Torró, ha mantenido una reunión con la Mesa de Prevención de Desahucios de la que forman parte entidades sociales, financieras e instituciones.
En el encuentro, la directora general ha informado del contenido del Anteproyecto de Ley de la Función Social de la Vivienda, que se encuentra en estos momentos en fase de información pública.
Durante la reunión, Torró ha desgranado el texto del Anteproyecto, explicando que esta Ley del actual Consell, pionera en el Estado Español, tiene como objetivo hacer efectivo el derecho a una vivienda asequible, digna y adecuada y dar respuesta a la demanda ciudadana al generar políticas públicas de vivienda y ampliar el parque público, así como "evitar, en la medida de las competencias de la Generalitat, los desahucios de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad".
La directora general ha afirmado que, con este texto legal, al que ha considerado como de "rasgo diferencial del actual Consell de la Generalitat" se va conseguir un avance histórico al hacer efectivo un principio constitucional en un verdadero derecho, lo que sitúa la Comunitat Valenciana "entre las sociedades más avanzadas" . Esta nueva norma concibe la vivienda como un servicio de interés general y aproxima el derecho de la vivienda a los pilares básicos del Estado de Bienestar, tras la sanidad, la educación o la dependencia.
Dar respuesta habitacional a las personas que más lo necesiten
Torró también ha destacado las medidas de estímulo que se desarrollarán para movilizar el máximo número de viviendas como, por ejemplo, las ayudas públicas para el alquiler para personas y unidades familiares con ingresos bajos donde el coste no supere el 30% de los ingresos. También ayudas para facilitar el acceso a la vivienda de varios colectivos y contra la pobreza energética, para garantizar los suministros básicos de luz, agua y gas.
Además, la Ley fomentará el alquiler con medidas de estímulo para que los propietarios privados ofrezcan sus viviendas a personas y familias con dificultades para acceder a la oferta de vivienda (con ingresos inferiores a 4,5 IPREM). En estos casos, la Administración asegurará las viviendas frente a los riesgos que se puedan sufrir por la ocupación habitacional.
De igual manera se promoverá el alquiler solidario. Los propietarios harán una cesión de la vivienda a la Generalitat, que dispondrá de ella para su alquiler durante un período máximo de seis años. El propietario cobrará una renta a cambio de que su vivienda esté en condiciones y en uso, y la conselleria se encargará de realizar el estudio económico y la rehabilitación, que repercutirá en el propietario.
La Generalitat ofrecerá servicios de mediación social en materia de vivienda, pobreza energética y derechos de los ciudadanos para evitar que pierdan su residencia habitual y permanente cuando pasan dificultades económicas.
El objetivo es movilizar el máximo número de viviendas posibles, sobre todo, del importante stock que está en poder de las entidades financieras, a fin de dar respuesta habitacional a las personas que más lo necesitan.
