Díaz: “La Ley de función social de la vivienda es un bluf inaplicable que no logrará frenar desahucios”

La portavoz de Medio Ambiente y Territorio del Grupo Parlamentario Popular en Les Corts, Elisa Díaz, ha denunciado hoy en rueda de prensa que la ley de función social de la vivienda anunciada por el Consell “es un bluf inaplicable que no conseguirá frenar desahucios y que no tiene en cuenta la igualdad de las personas y sus derechos. La Ley se aprueba para acallar conciencias”.

Elisa Díaz ha advertido que “esta ley recoge medidas como la posible expropiación de viviendas vacías a los bancos que se anularían por el Tribunal Constitucional al ser competencia estatal. Las expropiaciones de las que habla el proyecto de ley, junto las amenazas de multas, nos trasladan a la izquierda más rancia y radical”.

Díaz ha animado al Consell a trabajar “de verdad” para paliar realmente el problema de los desahucios que afectan a muchas familias valencianas “porque, mientras en el resto de España han bajado los desahucios, en la Comunitat Valenciana se han incrementado. Invitamos al Consell a eliminar de la ley cualquier medida que suponga una clara amenaza y coacción a quien no actúe como ellos quieren y a resaltar esa parte de la ley que habla de conveniar con bancos e incentivar a los propietarios para que pongan sus viviendas a disposición de la Generalitat para alquiler social. Somos más partidarios de establecer ayudas antes que expropiar”.

Por su parte, el coordinador de infraestructuras del Grupo Popular, Alfredo Castelló ha calificado esta ley como “un bodrio en diferido que va contra la gente. Sancionar es un sistema pernicioso. En lugar de multar deberían pensar en positivo, en dar ayudas”.

Además, Castelló ha mostrado sus dudas respecto a la inversión de 20 millones de euros para aplicar la Ley anunciada por la consellera Salvador. “No resulta creíble con los actuales precedentes. En 2016 han recortado el presupuesto y la gestión que vienen haciendo demuestra que no les importa el tema de la vivienda”. Asimismo ha anunciado que “el grupo popular presentará enmiendas para mejorar el texto de la ley y marcar otras prioridades. Los 20 millones anunciados, por ejemplo, deberían destinarse a rehabilitar viviendas del parque público de la Generalitat y colaborar con los ayuntamientos”.

Elisa Díaz ha señalado que “no existe una nueva política del Consell en materia de vivienda. Poco tienen que ver las reivindicaciones de María José Salvador cuando estaba en la oposición con los hechos que la acompañan como consellera. En primer lugar, su relación con las entidades bancarias se asemejan al deshojar de una margarita y ahora, tras fracasar en sus gestiones, la consellera se escuda en los grupos parlamentarios para pedirle al Estado que haga modificar a la Sareb los requisitos. Además, toda la gestión en materia de vivienda es sobrevenida con un continuismo total de las iniciativas del anterior Consell. De hecho, las ayudas a la vivienda se han pagado gracias a la gestión anterior y Salvador solo ha cumplido con el calendario de pagos establecido”.

Por último, Elisa Díaz ha denunciado que “el plan de vivienda es el firmado por el anterior Consell. Son planes anuales a tres bandas de los que el Estado aporta 37 millones de euros, mientras que el Consell solo 7 millones”.