Podemos pide el desmantelamiento de la Plataforma Castor
La agrupación valenciana de Podemos en el Congreso ha instado al Ministerio de Industria a iniciar el desmantelamiento de la Plataforma Castor, la plataforma de gas situada a 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, y que provocó más de 1000 seísmos a finales de 2013, y que actualmente se encuentra inactiva. La iniciativa, presentada el grupo Podemos – En Comú – En Marea, también insta al Gobierno a iniciar los trámites legales para recuperar la indemnización que recibió la concesionaria ESCAL UGS S.L. tras la suspensión de la actividad.
“El Castor no se hizo pensando en la gente. Las necesidades energéticas eran inexistentes, los puestos de trabajo que se prometieron para las comarcas de la zona no llegaron, y las consecuencias naturales de su instalación son indudables. Se puso en riesgo el bienestar natural del Baix Maestrat y de les Terres de l’Ebre, y se perjudicó a la pesca de la zona para que una gran empresa hiciese negocio. Y, tras los terremotos que provocó la plataforma, la concesionaria recibió una indemnización de 1350 millones de euros”, expresa la portavoz de la agrupación valenciana de Podemos en el Congreso, Àngela Ballester, que firma la moción junto a Josep Vendrell, de En Comú Podem.
La moción presentada por Podemos pide al Gobierno que calendarice el desmantelamiento de la plataforma en coordinación con la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de los municipios afectados. Además, desde octubre de 2015, se juzga un posible delito de prevaricación en la tramitación de los permisos de instalación de la Plataforma Castor. Para agilizar la investigación, la moción también exige que se faciliten los informes de la Universidad de Stanford y de Massachussets sobre la adjudicación del proyecto.
“El Juzgado de Vinaròs resolverá si hubo delito de prevaricación al instalar la Plataforma, si se desoyeron informes que cuestionaban su idoneidad. Y desde el Congreso vamos a impulsar reformas legislativas para que las concesionarias que renuncian a sus explotaciones de forma voluntaria no perciban indemnizaciones públicas, y más si son fruto de negligencias en su actividad”, añade Ballester.
