El PSPV pide que el Gobierno implante el ingreso mínimo vital
La diputada socialista y portavoz en la Comisión de Política Social y Participación Ciudadana, Concha Andrés, ha registrado en les Corts Valencianes una PNL demandando que la cámara inste a dirigirse al gobierno de España por tal de que adopte de manera urgente las medidas necesarias para la implantación de un ingreso mínimo vital. Ingreso que iría destinado a las familias con una situación de necesidad derivada de la falta de recursos económicos.
Andrés ha recordado asimismo que los socialistas defienden, si llegan el gobierno de España, la implantación del ingreso mínimo vital de tal forma que se apruebe una prestación de 426 euros mensuales más una ayuda de entre 50 y 150 euros por hijo a cargo, en función de los ingresos familiares.
En estos momentos hay unos 200.000 hogares valencianos que se ven necesitados de este ingreso mínimo vital y, de hecho, el Consell dentro de las políticas que está desarrollando ya ha previsto hasta 39 millones de euros en su presupuesto para paliar los problemas derivados de estas situaciones. Cantidad sensiblemente superior a la que cuantificaba el Partido Popular (20 millones, más 9 para el pago de atrasos), y que además contempla en su partida que ésta pueda ampliarse si la cifra no fuera suficiente para llegar a todos los necesitados.
La diputada socialista ha remarcado que este tipo de acciones deberían ser contemplados por el gobierno de España, pero hasta ahora no han tenido cabida en la política de recortes de Rajoy que desde hace tiempo ha abandonado las necesidades de las personas que más necesitan de la cobertura social del Estado.
La proposición de los socialistas en les Corts defiende la creación de una nueva prestación dirigida a los hogares sin ingresos o en situación de necesidad, cualquiera que sea la causa, como prestación no contributiva de la Seguridad Social, y que ésta cuente, para su reconocimiento, con la colaboración pactada los servicios sociales de las Comunidades Autónomas.
Asimismo se demanda el incremento de la cobertura de la prestación por hijo o hija a cargo y el aumento de su cuantía, de forma escalonada, en función de las rentas familiares, y vinculado a los ingresos del hogar, independientemente de la situación laboral de los padres.
