El informe de la Intervención evidencia que CIEGSA fue una "estafa institucionalizada"
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, y el conseller de Educación, Vicent Marzà, han hecho público el informe definitivo de la Intervención General de la Generalitat valenciana sobre CIEGSA, acompañados de la secretaria autonómica de Modelo Económico, Ángeles Cuenca y el secretario autonómico de Educación e Investigación, Miguel Soler.
Se trata de la auditoría definitiva de la Intervención, con fecha de 6 de enero pasado, sobre la gestión desarrollada al amparo del convenio suscrito el 5 de febrero de 2001 entre la Conselleria de Cultura y Educación y la empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas, SA (CIEGSA).
Según el conseller Soler «es un documento que revela unos hechos de extrema gravedad. El documento confirma nuestras sospechas: los gobiernos del Partido Popular utilizaron el sector público para crear una Administración educativa paralela, una especie de Conselleria de Educación en B, con el objetivo de privatizar un servicio público esencial como es la educación. Se hace una radiografía de una red clientelar alrededor de esta firma. En definitiva, sobrecostes y deuda que recaerán sobre las espaldas de todos los valencianos».
La gestión de una empresa pública como CIEGSA desde 2001 ha supuesto un coste a las valencianas y los valencianos de 457 millones. Uno de los puntos más graves es que, aparte, en sobrecostes se ha abonado un 36% más por encima del precio que habrían costado los centros si su construcción la hubiera gestionado directamente el Servicio de Infraestructuras de la Conselleria de Educación. En total, 540 millones de sobrecostes que sumados a la gestión son 997 millones de euros que se habrían podido invertir para construir 199 centros educativos nuevos.
Según el conseller Marzà: «Por este agujero llamado CIEGSA se han esfumado mucho de nuestro dinero en sobrecostes, licitaciones irregulares, un convenio improcedente y la barra libre para hacer negocio sucio con barracones, una poca vergüenza en toda regla por la que mucha gente deberá darnos explicaciones a las valencianas y los valencianos».
«Es una estafa institucionalizada para perpetrar el mayor expolio de recursos públicos destinados a la educación en toda nuestra historia. La fiscalización afecta a una de las empresas paradigmáticas de una manera de gestionar los recursos públicos por parte del Partido Popular, que montó un sector público mastodóntico para centrifugar deuda», ha enfatizado el conseller Soler.
«Las infraestructuras educativas necesarias para la Comunitat Valenciana se podrían haber construido con los sobrecostes de CIEGSA. Y no solo eso, las historias de miles de familias valencianas que apuestan por la educación de calidad y las infraestructuras educativas dignas, que han estado durante años al pie del cañón defendiendo derechos básicos de nuestro bien más preciado: el alumnado valenciano, los niños y los jóvenes que son nuestro futuro», ha explicado Marzà.
Marzà ha informado de la existencia de una caja «que estaba abandonada en la Conselleria de Educación y que hemos comprobado que estaba llena de propuestas hechas por técnicos sobre cómo acabar con los barracones, propuestas a las que los gobernantes anteriores no les hicieron ni caso».
Los consellers presentarán al Ple del Consell del próximo viernes el informe para que el gobierno del Botànic decida cómo vehicular jurídicamente el tema y hacer justicia ante las valencianas y los valencianos.
La auditoría de la Intervención revela que CIEGSA, incluyendo las inversiones hechas y la deuda asumida por la Generalitat de 1.734 millones, ha supuesto un coste total de 2.826,27 millones de euros entre 2001 y 2014.
Se han hecho 610 actuaciones -que incluyen nuevas construcciones, rehabilitaciones y equipamiento-, pero aún quedan pendientes 217 actuaciones que se han quedado a medias con un coste calculado por la Intervención de 783 millones de euros. 62 más se encargaron y no se empezó nada, según se constata en el informe.
Desde CIEGSA se actuaba y después la Generalitat lo asumía sin ninguna planificación de necesidades. Un ejemplo es la mesa de la página 6 del dictamen ejecutivo: de 2001 a 2013 había 67,5 millones de euros presupuestados, mientras que el volumen de obras licitadas fue de más de mil quinientos ochenta y un millones de euros, según las conclusiones que se obtienen de dicho informe.
Del informe se extraen además sobrecostes, un convenio improcedente, numerosas irregularidades en la tramitación de las licitaciones y la barra libre para hacer negocio con barracones.
SOBRECOSTES
LAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS NECESARIAS PARA LA COMUNIDAD VALENCIANA SE PODRÍAN HABER CONSTRUIDO CON LOS SOBRECOSTES DE CIEGSA
Los centros construidos por CIEGSA han costado, según un estudio de los técnicos de Infraestructuras que recoge la Intervención, un 36,07% más que si las actuaciones las hubiera hecho directamente el Servicio de Infraestructuras de la Conselleria de Educación.
Extrapolando estas cifras, eso supondría un sobrecoste de aproximadamente 540 millones. A una media de 5 millones por centro educativo, se habrían podido construir 108 infraestructuras nuevas solo en sobrecostes.
Ejemplo gráfico: la Fase 1 de la Escuela Europea salió con un presupuesto de licitación de 4,3 millones y el presupuesto de licitación fue de 6,1 millones de euros, un 43,3% de sobrecoste.
Sin embargo, además, si añadimos el coste que ha supuesto CIEGSA para las arcas públicas, los mencionados 457 millones -393 de estos en costes financieros por el deuda-, el resultado es un desfase de 997 millones. Una cifra con la que se podrían construir ahora alrededor de 200 nuevos centros.
CIEGSA era más cara que la Conselleria. Además, sus licitaciones comportaron desviaciones con respecto al coste inicial previsto. En concreto, la Intervención detecta una desviación de 310 millones (el 19%) con respecto al precio inicial. Por eso no es de extrañar que haya modificaciones que lleguen a suponer un encarecimiento de la obra hasta el 106%, como en el caso del IES Nou de Rafal, con un coste de 3,1 millones de euros.
Se construían escuelas como si fueran pisos: el coste del metro cuadrado construido de los centros educativos es de 912,31 €, un poco menos que el precio medio del vivienda en la Comunitat Valenciana, que está alrededor de 1.100 euros por metro cuadrado.
VULNERACIÓN FLAGRANTE DE LA LEGALIDAD APLICABLE
1) EL CONVENIO ES IMPROCEDENTE: la Intervención concluye que el convenio de 2001 que da cobertura a las actuaciones de CIEGSA "es improcedente, no constan los informes preceptivos de la Intervención Delegada, ni sobre el crédito adecuado y la memoria económica", previstos en la Ley de Hacienda Pública.
2) NO HABÍA MECANISMOS DE CONTROL: "Los encargos efectuados por la Conselleria han adolecido de una falta de control manifiesta y un vaciamiento de competencias". "La Conselleria renunció a las potestades de dirección, inspección, control y recepción de las obras que le reserva la Ley 3/1996", de creación de CIEGSA.
3) EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO PARA CONTRATAR LAS AULAS PREFABRICADAS (92 MILLONES) "ES IMPROCEDENTE": En 5 de los 7 casos analizados con respecto a barracones, se emplea indebidamente el "procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia". Esto se corresponde según la auditoría a un abuso en el recurso al procedimiento negociado sin publicidad. La Intervención denuncia que "la falta de motivación adecuada junto con la ausencia de una negociación con los contratistas" lleva a afirmar que «se han omitido trámites esenciales del procedimiento negociado sin publicidad que conllevaría la nulidad de pleno derecho, al prescindirse total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido" (artículo 62.2 de la Ley del Régimen Jurídico de las Administraciones).
4) El convenio se hizo para actividades relacionadas con construcción, rehabilitación y equipamiento de infraestructuras escolares, pero se ha detectado que se destinó dinero a la construcción de infraestructuras que nada tienen que ver con centros escolares.
PERSONAL
De acuerdo con los análisis realizados, se generó una clase de trabajadores VIP. Así, la plantilla media de la empresa fue de 73 empleados, que ha supuesto una gasto de 42,6 millones y un coste medio por trabajador de 41.665 euros. En 2012, el año más duro de la segunda recesión, el coste medio por trabajador fue de 55.914 euros, más que un director general de la Generalitat.
Además, los ejecutivos de CIEGSA tuvieron salarios VIP, un ejemplo es el sueldo de quien ejerció de gerente hasta 2006, que en el año 2005 cobró 84.572 €.
Tal y como se desprende también del informe, hay que señalar que, además, había cuatro personas encargadas de la relación institucional entre la Conselleria y CIEGSA, que sin que se conozca exactamente su atribución real de competencias.
BARRACONES
La existencia de barracones no se justificaba por la construcción de nuevas escuelas: "nos encontramos bastantes casos en los que las aulas prefabricadas no están vinculadas a un encargo de obra o que, pese a estar vinculadas, las obras no se han iniciado".
El procedimiento seguido para hacer los encargos ha sido improcedente, según el interventor. La casi totalidad fue por el procedimiento negociado sin publicidad alegando en muchos casos causa de imperiosa urgencia. El interventor revela, por contra, que los encargos tardaban en ejecutarse solo entre 20 y 40 días; por eso se justificó el rechazo al procedimiento ordinario.
De hecho, el interventor subraya que "el tiempo transcurrido desde que se encargan las aulas prefabricadas es muy elevado", entre dos años y medio y los casi 10 años.
"No es coherente que en el 50% de los centros muestreados se encargue la instalación de aulas prefabricadas con anterioridad al encargo de las obras". Así, se "condena a los alumnos a permanecer durante un largo periodo de tiempo en las instalaciones provisionales".
El interventor concluye que razonablemente no se ponían los medios para que el alumnado estuvieran el menor tiempo posible con una instalación provisional.
