El Consell acuerda que la Abogacía de la Generalitat comience a preparar un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos del Estado de 2016

El Consell ha acordado que la Abogacía de la Generalitat comience a preparar los trámites para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2016, según ha explicado la vicepresidenta y portavoz, Mònica Oltra, en la rueda de prensa posterior al Pleno.

Oltra ha subrayado que, aunque hasta que la Abogacía de la Generalitat no concluya su trabajo no es posible precisar la argumentación jurídica que sostendrá este recurso, sí es posible adelantar que los Presupuestos no corrigen la "deficiente financiación" de la Comunitat, lo que "impedirá a la Generalitat atender la prestación de los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o las políticas sociales en el nivel previsto en el artículo 158 de la Constitución".

La portavoz ha recordado en este sentido que los PGE fijan la vía principal de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ha añadido que la ley que los aprueba incorpora los objetivos de estabilidad presupuestaria aprobados por el Gobierno central el pasado mes de julio y que fueron individualizados para cada comunidad autónoma el pasado mes de septiembre.

"La acción combinada de estos dos factores somete a la Comunitat Valenciana a un proceso de infrafinanciación en 2016 que agrava la situación que se mantiene desde 2002 y que ha generado una deuda histórica que ha alcanzado ya los 16.000 millones de euros", ha argumentado Oltra.

Ha avanzado además que, de forma paralela al inicio de los trámites para la preparación del recurso, el Consell agotará todas las vías de diálogo para evitar la judicialización del conflicto. Para ello, hará uso del mecanismo fijado en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y en los próximos días solicitará que se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación Estado-Generalitat para abordar todos los puntos en controversia e incluso posibles reformas legales.

Oltra, que ha remarcado que "los plazos los marcan las leyes, no nosotros", ha subrayado que "lo lógico" sería que el Gobierno accediera a convocar esta comisión bilateral antes de pase a estar en funciones. "Quedan 19 días para hacer 19 reuniones", ha precisado Oltra, que ha recordado que la comisión bilateral "permite alargar los plazos del recurso si las negociaciones van por una vía satisfactoria".

Asimismo, la vicepresidenta ha informado del criterio contrario del Consell a la minoración del Presupuesto de la Generalitat para 2016 en 1.354 millones de euros, como solicita el Grupo Parlamentario Popular en el trámite de enmiendas. Oltra ha indicado que estos 1.354 millones de euros forman parte de la reivindicación que plantea el Consell al Gobierno estatal, asumida "en la nueva financiación que Mariano Rajoy ha anunciado para el año que viene", y ha insistido en este sentido en que "la Comunitat Valenciana tiene que tener el año que viene la financiación que constitucionalmente le corresponde".

Declaración institucional reforma Ley Enjuiciamiento Criminal

Por otro lado, el Consell ha aprobado una declaración institucional en la que insta al Gobierno estatal a que, con carácter de urgencia, apruebe un decreto-ley en el que decrete la prórroga de la entrada en vigor de la ley 41/2015 de modificación de la ley de Enjuiciamiento Criminal "para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, hasta que se dote a los juzgados y fiscalías españolas de los medios personales, materiales y tecnológicos necesarios para llevar a cabo sus previsiones".

Oltra ha manifestado que la entrada en vigor de esta ley "también denominada como ley de punto final o de impunidad", supone un "ataque sin precedentes" al Estado de Derecho porque supone acortar plazos de instrucción, lo que se traduce en que procedimientos judiciales complejos asociados a delitos de "guante blanco", narcotráfico, mafias y corrupción "podrían quedar impunes" si no se dota al sistema judicial de los medios y recursos necesarios.