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Transparencia publica un estudio de las posibles bases de creación de la futura Agencia de Lucha contra el Fraude y la Corrupción

    La Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación ha publicado este lunes un informe en el que analiza en doce puntos los principios reguladores básicos a tener en cuenta de cara a la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción, organismo contemplado en el Pacto del Botánic cuya creación impulsarán los grupos parlamentarios en Les Corts.

    Este informe de trabajo ha sido enviado a todos los grupos políticos con representación en Les Corts y publicado en la web de la Conselleria de Transparencia (http://www.transparencia.gva.es).

    La primera propuesta de la Conselleria es que en la creación de la Agencia se articulen los mecanismos necesarios para asegurar la independencia del organismo respecto de las Administraciones públicas, del resto de instituciones y de los grupos de interés en el ejercicio de sus funciones, por lo que su naturaleza jurídica que garantice su autonomía orgánica y funcional.

    Las funciones de la Agencia irán desde la elaboración de informes y recomendaciones, el impulso de buenas prácticas, la colaboración en la formación en materia de prevención de la corrupción y la investigación de casos concretos en el ámbito de actuación de la Agencia.

    Partiendo de esta independencia, deberían establecer unas bases de colaboración y cooperación activa con la Administración de la Generalitat, especialmente con la Intervención General de la Generalitat, la Inspección de Servicios, Les Corts, con las instituciones de relevancia estatutaria, con los entes locales y con el poder judicial, el Ministerio Fiscal, la policía judicial y otros organismos u organizaciones de prevención y lucha contra el fraude de ámbito estatal o europeo, como el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude.

    Remarcando la autonomía de la Agencia, el informe apuesta también por una dirección independiente con mandatos no renovables de entre cinco y siete años que no coincidan con el periodo de la legislatura para evitar que se vea afectada por los ciclos políticos. Para la elección del director o directora propone que se apruebe en Les Corts con una mayoría cualificada que asegure un amplio consenso entre los grupos parlamentarios.

    Respecto al ámbito de actuación, el informe sugiere que incluya a la Administración de la Generalitat y su sector público instrumental; a las universidades públicas valencianas; las entidades integrantes de la Administración local; las corporaciones de derecho público en lo relativo a sus actuaciones sujetas a derecho administrativo y las asociaciones constituidas por las administraciones públicas, organismos y entidades mencionados.

    Asimismo, entiende que debería incluir las actividades de personas físicas y jurídicas concesionarias de servicios o perceptoras de subvenciones públicas, así como las actividades de contratistas y subcontratistas que ejecuten obras de las administraciones y de las entidades del sector público instrumental de la Generalitat, o que tengan atribuida la gestión o ejecución de servicios u obras obras públicas.

    Respecto a las potestades de investigación o inspección, considera que la Agencia pueda acceder a cualquier información que esté en poder de los órganos y organismos públicos o las personas físicas o jurídicas incluidas en su ámbito de actuación, con pleno respeto a los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. En el caso de los particulares, esta potestad sólo alcanzaría a las actividades relacionadas con los contratos y las ayudas públicas que sean objeto de investigación. Para el desarrollo eficaz de las investigaciones se puede contemplar que algunos de los empleados públicos de la Agencia tengan la condición de autoridad pública.

    En cuanto a la forma de actuación en las investigaciones, la Agencia debería poder acordar de oficio el inicio de una investigación cuando tenga información sospechosa de que se ha incurrido en fraude, corrupción u otra situación susceptible de investigación.

    Además, la Conselleria de Transparencia propone que cualquier persona pueda dirigirse a la Agencia para comunicar indicios de actos de corrupción, prácticas fraudulentas o conductas ilegales susceptibles de investigación. Para una mayor accesibilidad entiende que habría que incorporar un buzón especial de denuncias en los portales web de la Generalitat. Asimismo, se deberá establecer un sistema que garantice la protección efectiva de la persona denunciante, especialmente en el caso de los empleados públicos con el fin de evitar el riesgo de represalias.

    En el caso de que la Agencia tuviera conocimiento de situaciones para la investigación de las cuales carezca de competencias, trasladaría inmediatamente toda la información de la que disponga sobre los hechos a la institución u organismo interesado para que adopte las medidas adecuadas.

    El informe incorpora también otras propuestas sobre cómo estructurar las funciones de la Agencia, sus relaciones con el Consell, Les Corts y la Sindicatura de Greuges y otros aspectos con los que la Conselleria de Transparencia espera contribuir a lograr un mecanismo ágil y eficaz para evitar situaciones de fraude, corrupción o malas prácticas en el funcionamiento de las instituciones y organismos públicos valencianos

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