Bravo defiende en Les Corts los presupuestos "realistas pero expansivos" de su departamento
El Presupuesto de la conselleria crece un 6,1 % hasta los 274,7 millones de euros
Justicia pedirá la creación de diez nuevos juzgados
La consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, defendió hoy ante la Comisión de Economía, Presupuestos y Hacienda de Les Corts los presupuestos de su departamento para 2016. La conselleria dispondrá el próximo año de un total de 274.700.710 euros, un 6,1 por ciento más que en 2015.
"Estos presupuestos reflejan una actitud radicalmente opuesta a la política de recortes que los anteriores responsables de la Generalitat aplicaron a las áreas que hoy son competencia de la conselleria que dirijo", explicó la consellera Bravo. Y añadió que "responden a la voluntad de este Consell de colocar al ciudadano en el centro de su acción de gobierno y atender, de manera prioritaria, la cobertura de sus necesidades y la defensa de sus derechos".
Por lo que se refiere a la Dirección General de Administración Pública, su presupuesto para 2016 asciende a 6.408.500 euros, un 6,79 por ciento más que lo previsto para el presente ejercicio. La dotación del programa que se centra en los planes formativos y de perfeccionamiento profesional de los trabajadores al servicio de la administración de la Generalitat experimenta un aumento significativo del 55,5 por ciento respecto a 2015 y pasa de 154.000 a 240.000 euros.
Crece de manera significativa también, un 47,1 por ciento hasta los 367.780 euros, la partida prevista para organizar y convocar procesos de selección y provisión de plazas con una triple finalidad: primero, disminuir la tasa de interinidad en la administración; en segundo lugar, aumentar las plantillas para adecuar los recursos humanos a las nuevas competencias y a la necesidad de mayor eficacia en la prestación de los servicios; y, por último, racionalizar y estabilizar la situación administrativa de gran parte del personal de la Generalitat.
En cuanto a la Dirección General de Reformas Democráticas y Libertades Públicas, su presupuesto en 2016 asciende a los 4.142.810 euros. La partida más importante es la recogida bajo el epígrafe "Procesos electorales", dotada con 3.220.240 euros, un 48,7 por ciento menos que el año anterior al no ser 2016 año electoral, y que incluye las subvenciones legales a los partidos políticos.
El resto de del presupuesto de esta dirección general será invertido en la organización del Foro de Debate para la Mejora de la Justicia, el Foro de Debate sobre Derechos, Libertades y Reformas Democráticas, así como diversos programas de subvenciones para convenios con entidades como universidades, colegios profesionales y otras asociaciones sin ánimo de lucro. En este capítulo está incluida una dotación de 120.000 euros para favorecer actuaciones relacionadas con la recuperación de la memoria histórica, competencia de este centro directivo.
Una Justicia para los ciudadanos
El peso presupuestario de esta conselleria recae en la Dirección General de Justicia, cuyo programa representa el 94,2 por ciento del presupuesto total. Para el ejercicio 2016, este centro directivo va a contar con 258.665.600 euros, 17 millones más que lo previsto para 2015.
La dotación para gastos de personal al servicio de la administración de Justicia serán en 2016 de 171.688.010 euros, más de siete millones superior a la inversión real realizada en 2015. Este incremento permitirá a la conselleria, en primer lugar, reclamar al Ministerio de Justicia la creación de diez de los quince nuevos juzgados cuya puesta en marcha fue rechazada por la anterior administración de la Generalitat. En segundo lugar, el crecimiento presupuestario permitirá poner en marcha una serie de experiencias piloto para implantar, en aquellas sedes judiciales en las que sea posible, el nuevo modelo organizativo de la oficina judicial.
En tercer lugar, y como uno de los objetivos prioritarios de la Conselleria para el próximo año, el aumento presupuestario de este capítulo permitirá crear las oficinas de atención a las víctimas del delito según el diseño previsto en el Estatuto de la Víctima que entró en vigor el pasado 29 de octubre. El importe de las plazas necesarias para dotar a estas oficinas es de más de un millón euros. Es un nuevo modelo de atención que supera con creces el implantado a través de la fundación FAVIDE.
Respecto a las inversiones reales, el presupuesto crece en un 20,85 por ciento hasta los 33.895.710 euros, 5,8 millones más que en 2015 necesarios para garantizar el funcionamiento de los edificios judiciales en aspectos como limpieza, seguridad, mantenimiento, suministros, pagos a traductores, peritos, etcétera. Este crecimiento corrige una mala práctica habitual de los anteriores responsables de la Conselleria, cuyos presupuestos en este capítulo eran insuficientes, lo que obligaba a los proveedores a recurrir a expedientes de enriquecimiento injusto para cobrar sus servicios. Esto ha provocado interrupciones y/o disfunciones en los servicios que prestaban, así como constantes quejas de los trabajadores de la administración de Justicia y los ciudadanos usuarios.
El Capítulo VI del mismo programa de Justicia estará dotado en 2016 con 18.318.660 euros, más de seis millones de euros por encima de lo previsto para 2015. Ese incremento se concentra en el Proyecto ER290, que recoge una serie de actuaciones imprescindibles para paliar la situación de enorme abandono que sufren algunas sedes judiciales y fiscales por el abandono al que se han visto sometidas en los últimos años. Ese es la causa de los repetidos requerimientos realizados por la Inspección de Trabajo, el Instituto Valenciano de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Servicio Nacional de Prevención de Riesgos Laborales del Consejo General del Poder Judicial.
Por último, y también como objetivo prioritario de la conselleria, el presupuesto para sufragar la Justicia gratuita en la Comunitat Valenciana se incrementa en 2016 un 20,46 por ciento y pasa de 26,7 a 32,2 millones de euros. De ese incremento, la principal partida es la dotación al Consejo Valenciano de Colegios de Abogados para el pago del turno de oficio, que crece 4,57 millones de euros hasta los 24,6 millones. Ese aumento compensa los injustificados y duros recortes acometidos por la anterior administración en el año 2012, que situaron los módulos de retribución de los letrados de oficio de la Comunitat Valenciana en el último lugar, y a distancia, del resto de las comunidades autónomas con idénticas competencias.
Son, en resumen, "unos presupuestos realistas pero expansivos", declaró la consellera Bravo, que explicó que "cualquier política de mejora de la administración de Justicia en la Comunitat Valenciana necesitaba marcar un punto de inflexión en la evolución de los presupuestos, era imprescindible dejar atrás la tendencia bajista de los últimos años y conseguir un despegue progresivo al alza de sus presupuestos, y lo hemos conseguido".
