Podemos anuncia que en noviembre presentará la Agencia de Prevención del Fraude y la Corrupción
La Agencia de Prevención del Fraude y la Corrupción era uno de los puntos estrella del programa político de Podemos y uno de los compromisos que impuso para la firma del Acuerdo del Botánico en el que se incluyó que el diseño de dicha agencia y la redacción de su norma de creación correspondería a Podemos, quien la llevaría al debate parlamentario.
La proposición de ley de creación de la Agencia se está redactando a partir de las consultas y reuniones de trabajo que se están realizando desde el grupo parlamentario en colaboración con colectivos sociales, profesionales y expertos.
El síndico del grupo parlamentario, Antonio Montiel ha confirmado que ya está muy avanzado el borrador provisional que pretende asegurar que la Agencia sea una entidad adscrita a Les Corts pero con poder efectivo para prevenir la corrupción y para proteger a aquellos que denuncian prácticas irregulares.
“A lo largo de este mes concluiremos la ronda de conversaciones con asociaciones y expertos en la denuncia del fraude y la corrupción y con sus aportaciones vamos a elaborar el borrador de la proposición de ley”.
La Agencia antifraude que proyecta Podemos podrá iniciar la adopción de medidas contra administraciones, funcionarios y empresas públicas que funcionen de manera irregular y se espera además que esté activa en un plazo razonablemente corto de tiempo. Según Montiel, “nuestra intención es reunirnos a principios de noviembre con el Conseller y con representantes de los restantes grupos parlamentarios para hacer una ronda de trabajo previa a la tramitación formal en Les Corts”. Lo que significa que la ley podría iniciar su debate parlamentario dentro del actual periodo de sesiones.
Para Podemos la oportunidad de creación de una agencia como la que se está diseñando es fundamental en esta comunidad donde la corrupción ha sido un problema estructural que ha posibilitado el enriquecimiento de unos pocos a costa de la reducción de servicios públicos y el deterioro de la imagen de solvencia nacional e internacional de los emprendedores y empresas con graves consecuencias económicas para la Comunidad Valenciana y su ciudadanía.
Es especialmente llamativa en el proyecto la inclusión de un elemento pionero en este tipo de organismos y es que además de su capacidad sancionadora contemplará además un elemento imprescindible para su eficacia como es la protección de los denunciantes de prácticas corruptas e ilegales.
Desde Podemos se estima que el coste de la puesta en marcha de la Agencia Antifraude será simbólico, porque se pretende utilizar personal y recursos ya existentes en la Administración autonómica a través de concursos de traslado de personal y el trabajo en dependencias ahora infrautilizadas y convenios de colaboración con otros organismos públicos.
