La Conselleria de Vivienda constituye el Consell Assesor de la Llei de la Funció Social de l'Habitatge
La Conselleria de Viviendas, Obras Públicas y Vertebración del Territorio constituirá el próximo lunes, 5 de octubre, el Consell Assesor de la Llei de la Funció Social de l'Habitage, órgano consultivo que dará soporte a los trabajos de elaboración y tramitación de la futura Ley que proporcionará un nuevo marco jurídico a la vivienda como derecho humano.
Este consejo asesor estará formado por representantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca del País Valenciano, la Confederación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores de la Comunidad Valenciana, la Federación de Municipios y Provincias, Anmistia Internacional de la Comunidad Valenciana, y los Colegios de Abogados y Registradores. También se ha invitado a participar a los profesores de la Universitat de València José Manuel Luis Hortolano, Reyes Marzal y Andrés Boix.
Como ha señalado la consellera María José Salvador, la futura ley de la función social de la vivienda "significará una nueva hoja de ruta que reconocerá la vivienda como un derecho subjetivo uno de los objetivos prioritarios del nuevo Gobierno valenciano".
Una ley para asegurar el derecho fundamental a la vivienda
Desde la Conselleria de Vivienda se quiere dar rango de ley a la función social de la vivienda ante los desahucios ya que, para María José Salvador, "no se trata sólo de un problema privado entre el banco y el particular, por sus consecuencias dramáticas directas sobre miles de personas y familias desahuciadas de su hogar, hay que dar marco jurídico al derecho a la vivienda, que sea un derecho subjetivo reivindicable ante la Administración".
La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía en número de desahucios y desde el primer trimestre de 2008 hasta el primer trimestre de 2015 ya se han efectuado 82.300 desahucios.
Red de viviendas en alquiler
Entre las novedades que introducirá esta nueva ley destaca la creación de un registro de demandantes de vivienda así como de un registro de viviendas vacías y desocupadas de la Comunitat Valenciana para poder trabajar en una doble vertiente. Por un lado se podrá crear el marco jurídico necesario para facilitar que las entidades financieras puedan aportar sus viviendas vacías y ofrecerlas en alquiler social y, por otro lado, tener una información detalla de las viviendas de particulares que quieran ponerlas en alquiler. El objetivo es poder crear una amplía red de vivienda en alquiler en la Comunitat Valenciana.
Según ha explicado Salvador, "se trata que aquellas personas que hayan sido víctimas de un desahucio o que estén en una situación de vulnerabilidad y no puedan acceder a una vivienda en el mercado libre, desde las administraciones públicas podamos ofrecerles una red de viviendas en alquiler y garantizar el derecho a la vivienda como recoge el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en definitiva un derecho humano".
En opinión de la consellera "es evidente que hay que cambiar la legislación estatal pero en el ámbito competencial de nuestra autonomía también debemos dar pasos para revertir esta dramática situación que afectas a miles de valencianos y valencianas".
En este sentido, María José Salvador ha recordado las reuniones que han mantenido desde la Conselleria con la Plataforma de Afectados por las Hipotecas y con otras entidades afectadas, así como la constitución de la Mesa de Prevención de los Desahucios "para poder empezar a trabajar hasta la aprobación de la Ley por la Función Social de la Vivienda"
Mesa de Prevención de los Desahucios
El pasado 29 de septiembre, la Conselleria de Vivienda constituyó la Mesa de Prevención de los Desahucios que tiene el objetivo de establecer un marco de diálogo, colaboración y búsqueda de soluciones efectivas en las situaciones como consecuencia del sobre-endeudamiento o dificultad para hacer frente a los pagos de la hipoteca de la vivienda habitual.
En esa primera reunión, los más de 40 representantes de diferentes entidades establecieron las líneas de trabajo para poder actuar de forma coordinada y evitar así los desahucios mediante la búsqueda de fórmulas propuestas por todas las partes implicadas. Además, también se abordó las diferentes alternativas habitacionales para dar solución a los casos en los que se haya ejecutado el desahucio.
