Carmen Montón: "Hay que terminar con las exclusiones sanitarias y con el modelo de discriminación y fractura social"

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha afirmado hoy que "hay que terminar con las exclusiones sanitarias" y que cuando se habla de derechos, "no hay fronteras entre Comunidades Autónomas a la hora de ofrecer una atención sanitaria de calidad".

Montón, que esta mañana ha asistido a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, junto con el ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y el resto de los consejeros autonómicos, ha pedido al ministro la derogación del Real Decreto 16/2012 que dejó sin cobertura sanitaria normalizada a distintos colectivos entre ellos especialmente a las personas migrantes en situación administrativa irregular. Ello supuso "un gravísimo un paso atrás en la protección social y en términos de salud pública".

Carmen Montón ha asegurado que "los derechos no se trocean, porque los derechos son un todo" y ha defendido "el derecho a la asistencia sanitaria pública en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde se viva y de la situación laboral, social o económica de cada persona".

En este sentido, ha explicado la reciente aprobación en la Comunitat Valenciana del Decreto Ley que garantiza de nuevo el acceso universal a la atención sanitaria, sobre la base de que la universalización de la sanidad es una cuestión de "justicia social" y ha reclamado la extensión de la medida que el Consell ha adoptado en la Comunitat Valenciana para garantizar la atención sanitaria a todas las personas en situación irregular al resto de las Comunidades Autónomas.

"En la Comunitat Valenciana hemos hecho una tarjeta similar a la del resto de los ciudadanos, porque creemos que la sanidad tiene que ser universal y no tiene que haber ningún tipo de distinción", ha afirmado la consellera, tras subrayar que retirar la atención sanitaria a los colectivos afectados va en contra del código deontológico médico y del derecho médico internacional, además de que no asegura la continuidad del tratamiento de los pacientes crónicos, lo que pone en riesgo la protección sanitaria del conjunto de la población.

Así, en su turno de palabra en el Consejo Interterritorial, ha reclamado al Ministro Alfonso Alonso la adopción de medidas urgentes que garanticen cuanto antes el acceso pleno a la atención sanitaria y farmacéutica a la población extranjera en situación irregular y el derecho a la cobertura plena para las personas que perdieron ese derecho.

El Gobierno valenciano garantiza ya el derecho a la asistencia sanitaria universal. Los beneficiarios acceden a la cartera común básica de servicios, en las mismas condiciones de igualdad efectiva y calidad que el resto de usuarios. En el ámbito de la atención primaria se incluye la realización de métodos diagnósticos, preventivos y terapéuticos. En el caso de que el proceso asistencial requiera asistencia, el tratamiento farmacológico forma también parte del mismo.

La consellera ha lamentado la forma "atropellada" en la que se ha convocado el Consejo Interterritorial de hoy, habida cuenta de que algunos consejeros están todavía tomando posesión de sus cargos, en clara alusión al representante de Asturias. "En España ha habido un cambio de signo político, con gobiernos autonómicos de progreso, y el Gobierno no ha tenido a bien esperar a que se formaran todos esos nuevos gobiernos, es una forma más de pasar el rodillo y de no buscar el consenso: creo que merecían estar hoy todos aquí", ha concluido.

Nuevos tratamientos para la hepatitis C

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, ha reclamado un fondo estatal que cubra el coste de los nuevos tratamientos antivirales para los pacientes afectados por la hepatitis C, Carmen Montón, ha insistido en que en una situación de grave infrafinanciación como la que sufre la Comunitat Valenciana este gasto debe ser asumido por el gobierno central. A fecha de hoy ya se han tratado o se encuentran en tratamiento 3.127 personas. De acuerdo con las estimaciones de la Conselleria de Sanitat a finales del presente año se habrán tratado a más de 5000 pacientes con estos nuevos medicamentos. Con un coste previsto de 113 millones de euros.