La regulación del trasvase Tajo-Segura se hizo con pleno respeto a la legalidad vigente
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en relación con las noticias publicadas, tras un informe emitido por la Defensora del pueblo, de que la regulación del trasvase Tajo-Segura que aprobó el Gobierno en el marco de la Ley de Evaluación Ambiental (2013) se hizo con pleno respeto a la legalidad vigente.
Esta reforma de la regulación del trasvase se basó en los datos recogidos en los planes hidrológicos tramitados, con amplios periodos de información pública y evaluación ambiental estratégica de todos ellos.
Además, esta reforma incrementó las garantías ambientales y de preferencia de la cuenca cedente, ya que la reserva de agua en la cuenca cedente (la del Tajo) se incrementó de los 240 hm3 hasta los 400 hm3 (por debajo del cual no puede autorizarse ningún trasvase), además de mantener el límite máximo en los 650 hm3 (50 hm3 para el Guadiana y 600 hm3 para el resto de las cuencas receptoras: el Segura, el Júcar y las Cuencas Mediterráneas Andaluzas), por lo que no se alteró el máximo de agua que se puede trasvasar, por ley, desde 1995 (Guadiana) y 1980 (el resto de cuencas receptoras).
Esta regulación, por otro lado, otorga seguridad jurídica al acueducto (las reglas de explotación se elevaron a rango legal) para reforzar la de todos los interesados y mejorar el funcionamiento del trasvase, atendiendo también las demandas de las cuencas receptoras.
El Ministerio recuerda que en su informe, la Defensora del Pueblo no cuestiona el trámite de participación pública en el plan de cuenca del Tajo. Además, la enmienda legislativa fue presentada por el grupo Popular con pleno respeto a la tramitación parlamentaria de una ley.
Acuerdo de cinco CC.AA
El Ministerio también recuerda que esta regulación fue respaldada por el acuerdo de cinco Comunidades Autónomas (Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Región de Murcia), lo que constituyó todo un hito para poner fin a las llamadas "guerras del agua" entre territorios y respaldando todas ellas, de este modo, la planificación hidrológica impulsada por este Gobierno.
El actual Ejecutivo ha completado la planificación hidrológica competencia del Estado en poco más de dos años, pese al enorme retraso dejado por el anterior Gobierno. Así, el primer ciclo de planificación debió haber sido completado antes de 2010, pero en 2012, al comenzar a trabajar el actual equipo, se encontró con un único plan de cuenca aprobado, luego anulado por los tribunales.
En estos tres años el actual Gobierno ha completado el primer ciclo de planificación hidrológica y ha impulsado la revisión de estos planes (segundo ciclo), que ya se encuentran en periodo de consulta pública, y se prevé que se aprueben antes de que concluya este año para cumplir con la Directiva Marco del Agua de la UE y con la ciudadanía española.
