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Sánchez de León califica de “injusta” la decisión del Gobierno de crear los juzgados de 2009 a finales de diciembre

Sánchez de León califica de “injusta” la decisión del Gobierno de crear los juzgados de 2009 a finales de diciembre
  • Resalta la denuncia de la Generalitat ante ello porque “provoca un verdadero desastre de la situación de la Justicia en la Comunitat dada la circunstancia actual de crisis económica”

  • Afirma que es “sorprendente” que la primera medida del nuevo ministro de Justicia, que se mostró partidario de atender las necesidades de los jueces, sea esta postergación

La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha calificado de “injusta” la decisión del Ministerio de Justicia de crear 14 de los 15 juzgados previstos para 2009 a finales de diciembre, así como las 8 plazas de magistrado, “ya que en realidad no serán efectivas hasta 2010”.

La consellera ha denunciado en rueda de prensa esta situación, tras conocer la medida adoptada por el Ministerio, que a su juicio “provoca un verdadero desastre de la situación de la Justicia en la Comunitat, dadas las circunstancias que atravesamos actualmente debido a la crisis económica, que ha provocado un incremento del número de casos en todos los juzgados”.

Además, Sánchez de Léon ha resaltado que a esta situación hay que sumarle “la posición de inferioridad” en la que se encuentra la Comunitat debido al número de jueces por cada 100.000 habitantes. Mientras que la media en España es de 10’05, la Comunitat se encuentra en antepenúltimo lugar con respecto al número de jueces, con una ratio de 8’9. “Es evidente la necesidad de creación de nuevos juzgados y por ello exigimos al Ministerio una planificación respecto a la entrada en funcionamiento de las 23 unidades concedidas, para ir atendiendo todas las necesidades de los ciudadanos e ir priorizando según la situación real de cada partido judicial”, ha señalado.

En este sentido, la consellera ha puesto como ejemplo de la consecuencia de la falta de creación de órganos judiciales en la Comunitat, el partido judicial de Llíria, donde “se está señalando con dos meses de tiempo con respecto a la interposición de una demanda, Alzira, con 8 meses, o Dénia, donde se está señalando ya para el año 2010". “Hay un colapso real y no tenemos medios suficientes con los que atenderlo ya que nuestra competencia está limitada al ser el Ministerio quien decide. Por ello reivindicamos también la reforma de la Ley de Demarcación y Planta para que podamos decidir cuándo y dónde creamos nuestros juzgados”, ha insistido.

Petición racional desatendida

De hecho, Paula Sánchez de León ha recordado que la Generalitat “ya puso de manifiesto que la necesidad de la Comunitat para poder atender todas las necesidades de la Justicia era la creación de 100 juzgados, aunque esta demanda la dividimos para cada ejercicio por un criterio de lealtad institucional”. “Pero ni aún así atienden a esta petición racional, y sin embargo están dilatando al máximo la entrada de los juzgados, en los momentos más necesarios”, ha lamentado.

A todo ello, la consellera ha subrayado el hecho de que la carga presupuestaria de la creación de juzgados “la asumimos nosotros, con un 80%, así como asumimos la discriminación con respecto a otras comunidades como Cataluña, en la que el Gobierno financia la puesta en marcha de sus juzgados con más de 6 millones de euros al año”.

Asimismo, Sánchez de Léon se ha mostrado “sorprendida de que la primera medida del nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se mostró partidario de atender las necesidades de los jueces, con la creación de 220 nuevas plazas, sea la postergación de la entrada en funcionamiento de los juzgados el último día hábil del año”.

“Operación de maquillaje” la entrada de los mercantiles en abril

Todos los juzgados solicitados entrarán en funcionamiento el último día hábil del año, a excepción de los mercantiles, que se pondrán en marcha en abril. Este hecho ha sido interpretado por la consellera como “una operación de maquillaje por parte del Gobierno para, supuestamente atender a la crisis, pero no sólo estos juzgados van a dar solución a este problema. De hecho, el propio presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, afirmó que la crisis lleva también aparejada un incremento de los asuntos penales porque hay mayor delincuencia”.

Con respecto a los juzgados de lo mercantil en la Comunitat, cabe recordar que la Generalitat solicitó la creación de un juzgado en Elx, “del que todavía no se ha dado una fecha concreta de entrada en funcionamiento a pesar de la grave crisis económica que estamos padeciendo” y del juzgado de lo mercantil nº3 de Valencia, “cuya creación se ha previsto para el próximo día 1 de abril, no comprendiendo el motivo por el que sí se aprueba en este caso y no en los demás, siendo la justificación la misma”, ha afirmado la consellera.

En cuanto a los juzgados de lo penal, Sánchez de León ha subrayado el hecho de que si se hubiera creado el juzgado de lo penal solicitado con sede en Elda, durante este año, “descargaría a los juzgados penales de Alicante en 561 asuntos para enjuiciar, y 232 sentencias de conformidad en juicios rápidos”. Además, con la creación del penal nº 16 de Valencia, dedicado a ejecutorias, “durante este año, descargaría a los otros tres penales de ejecutorias en 1.325 asuntos a cada uno”.

Asimismo, la consellera ha resaltado que con la creación de los juzgados de lo penal con sede en Paterna, Sagunto y Torrent, durante este año, descargarían a los penales de Valencia en 1.632 asuntos para enjuiciar, y 1.424 sentencias de conformidad en juicios rápidos.

Más consecuencias por el retraso de juzgados

La titular de Justicia y Administraciones Públicas, ha hecho hincapié en las consecuencias al no entrar en funcionamiento los nuevos órganos judiciales hasta final de año. En este sentido, sobre los juzgados mixtos, ha afirmado que al no entrar crearse hasta diciembre el nº8 de Orihuela, el resto “soportarán durante todo el año una media de 687 asuntos más cada órgano”. Por su parte, al no ponerse en marcha el nº3 de Picassent, “los dos juzgados existentes en la actualidad soportarán durante este año una media de 1.189 asuntos más cada uno”.

Además, Sánchez de León ha señalado que con la postergación del juzgado nº4 de Requena, “cada juzgado tendrá que hacer frente a una media de 1.122 asuntos más”. La misma situación ocurre en Dénia, ya que al no arrancar el mixto nº8, “cada juez actual soportará una media de 489 asuntos más”.

La consellera ha recordado además que la Generalitat solicitó también las creaciones de los partidos judiciales en Albocàsser y Chiva, supeditados a la reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, “pero que el Ministerio no ha tenido a bien llevar a cabo, a pesar de las necesidades evidentes, en el primer caso por el centro penitenciario y en el segundo porque los ciudadanos tienen que trasladarse a Requena, un partido judicial excesivamente sobrecargado”. Por ello, en vez de crear sendos órganos mixtos, se creará el sexto juzgado de instrucción de Castellón y el cuarto mixto de Requena.

En el ámbito civil el Consell solicitó el octavo juzgado de primera instancia del partido judicial de Castellón, "cuyo retraso a la hora de ponerlo en marcha supone una sobrecarga para los otros siete órganos de un centenar de asuntos más cada uno”, según ha explicado la titular de Justicia y Administraciones Públicas.

Por lo que se refiere a los juzgados de violencia sobre la mujer, de haberse creado ya el nº1 de Torrevieja y el nº4 de Valencia, “se podría haber descargado al resto en unos 600 y 500 asuntos, respectivamente”, ha destacado Sánchez de León.

Por último, la consellera ha recordado que “el aumento de trabajo tanto en el orden jurisdiccional civil como en el penal, está repercutiendo en los órganos que conocen de la segunda instancia, por lo que la Generalitat consideró necesario aumentar las plazas de magistrados en las tres Audiencias Provinciales, con cuatro en la de Valencia, dos en la Alicante y otras dos en la de Castellón".

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