Eva Martínez exige a Fabra que el proceso de licitación para privatizar CACSA esté avalado

La diputada socialista y portavoz de Grandes Eventos en Les Corts, Eva Martínez, ha exigido a Fabra que el proceso de licitación para la privatización del complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias esté avalado por informes de la abogacía de la Generalitat. De esta manera, ha pedido “máxima transparencia, publicidad y cumplimiento de la legalidad en la elaboración del pliego de condiciones”, por eso ha insistido en que todo el proceso esté avalado por los informes de la abogacía de la Generalitat “y no por los de una consultora privada”, haciendo alusión a otros antecedentes.

Así, se ha referido a la respuesta que el conseller de Economía, Máximo Buch, le ha hecho llegar y en la que se niega a entregarle el informe elaborado por la Consultora Deloitte sobre el asesoramiento para la elaboración del pliego de condiciones administrativas y técnicas de dicho proceso de privatización. Por eso, Eva Martínez ha remarcado que “nos encontramos, de nuevo, con que la Generalitat, esta vez a través de la empresa pública CACSA, contrata con consultoras y despachos de abogados externos el asesoramiento de la privatización, que perfectamente podría ser elaborado por los excelentes funcionarios que forman parte de la abogacía de la Generalitat”.

Además, ha subrayado que el Consell de Fabra “niega de nuevo el acceso a estos informes, bajo la excusa de que ‘pueden conculcar los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato entre los candidatos’”. Para la diputada, “todos los candidatos a la adjudicación tienen estos derechos, según Buch, pero nosotros no podemos acceder a toda la información hasta que los pliegos no se publiquen, lo que supone que continúa el régimen de opacidad que ha aplicado el Consell en los últimos años”.

En este sentido, ha señalado que “los socialistas desconocemos por qué el conseller ha prescindido de los servicios de la abogacía de la Generalitat para contratar con Deloitte, cuyos informes nos niegan, quizá porque no contemplen la posibilidad de que CACSA se gestione de forma eficaz y eficiente desde lo público, lo que no le conviene al Consell”. Ante esta situación, Eva Martínez ha pedido a Fabra “que no apruebe la privatización sin informes favorables de la abogacía de la Generalitat como ya hizo con Valmor” y ha recordado que “compró una empresa privada en ruinas sin informes jurídicos ni económicos de este organismo”.

Finalmente, ha hecho hincapié en que “la urgencia de Fabra y del conseller Buch en aprobar el pliego de condiciones antes del mes de agosto no puede perjudicar, una vez más, a todos los valencianos, que con esta privatización se harán cargo de la deuda de CACSA, lo que supone que seguiremos pagando mientras los beneficios se los llevará una empresa privada”.