Sánchez de León presentará al Ministerio de Justicia un documento de bases de financiación basado en criterios de litigiosidad y población
El Gobierno de Zapatero aporta más de 416.000 euros por juzgado en Cataluña y en la Comunitat al Consell cada órgano le cuesta más de 437.000 euros
La consellera denuncia que “a unas comunidades les sale prácticamente gratis crear juzgados, mientras nosotros invertimos de nuestro propio presupuesto”
La consellera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, ha reivindicado hoy al Ministerio de Justicia “un nuevo modelo de financiación en todo el territorio nacional en condiciones de igualdad, en el que plantear criterios objetivos de litigiosidad, cargas de trabajo e incremento de la población”. Además, ha anunciado que presentará en la próxima Conferencia Sectorial de Justicia un documento de bases para llevar a cabo este modelo de financiación y así se lo transmitirá al nuevo ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cuando le conceda la reunión que ya ha solicitado.
La consellera ha realizado estas declaraciones con motivo de la ampliación de los medios traspasados en materia de administración de justicia a Cataluña, para la financiación de los 16 nuevos juzgados puestos en funcionamiento en 2008, aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
En concreto, Sánchez de León ha afirmado que el coste efectivo de este traspaso de medios materiales y económicos a la Generalitat de Cataluña “asciende a la suma total de más de 6’6 millones de euros para la financiación de gastos de funcionamiento, inversiones y gastos corrientes, lo que supone una media de 416.475,23 euros por juzgado”. En cambio, ha lamentado que el Gobierno valenciano no recibiera “ni un solo céntimo de los 437.289,02 euros que costó poner en marcha cada uno de los 20 juzgados del año pasado”
Paula Sánchez de León ha destacado que el Consell celebra con la Generalitat de Cataluña “la recepción de ese casi medio millón de euros por cada nuevo juzgado, que permite incrementar la eficacia y proximidad de la Justicia”, pero recuerda que los ciudadanos “son iguales ante la ley y por eso no podemos consentir que otra comunidad reciba del Gobierno la transferencia de créditos suficiente para pagar sus propios juzgados, saliéndole gratis la puesta en marcha de los mismos, mientras que otras CCAA como la nuestra tengan que realizar de su propio presupuesto la inversión”.
Necesidad de transferir 6’2 millones a la Comunitat para 2009
Teniendo en cuenta el tratamiento que ha recibido Cataluña, la consellera de Justicia y Administraciones Públicas ha señalado que para 2009, “es de justicia que para la puesta en marcha de los 15 nuevos juzgados previstos para este año 2009, reclamemos al Ministerio que nos transfiera la suma de 6.247.128,45 euros, que es la cantidad a la que tendríamos derecho los ciudadanos de la Comunitat, siguiendo los mismos criterios”. “Por cierto, que todavía no sabemos cuándo vamos a poder crear esos órganos porque el Gobierno central sólo nos ha comunicado la fecha del tercer juzgado de lo Mercantil en Valencia para el mes de abril, pero del resto no sabemos nada. Todo parece indicar que un año más no autorizarán la entrada en funcionamiento hasta finales de año”, ha criticado.
En línea con la inversión realizada por la Generalitat, la titular de Justicia y Administraciones Públicas, ha querido subrayar el “gran esfuerzo y la importante apuesta del Consell, sólo en materia de creación de juzgados en la Comunitat Valenciana”, con un incremento presupuestario desde 2004 hasta 2009 de cerca de 90 millones de euros (aumento del 58,63%).
“Esfuerzo presupuestario –ha continuado- de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestra Comunitat en una clara apuesta por la Justicia de calidad y eficaz, ya que cada vez que se crea un nuevo juzgado la Comunitat no recibe nada del Estado. El Estado sólo sufraga el 20% del coste total, es decir, las plazas de jueces, magistrados, fiscales y secretarios”.
Además, la consellera ha realizado un “balance muy positivo” de otras actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat en materia de justicia, “siempre con medios propios desde que asumimos las competencias en 1995”, como la inversión constante en modernización y la apuesta decidida por la creación de nuevas unidades judiciales, a través de los grandes proyectos Moderniza.just y Justi-Seu,
Por todo ello, Sánchez de León ha reclamado una vez más al Gobierno Central la necesidad de “iniciar una reflexión sobre la financiación en condiciones de igualdad porque no podemos permitir que en Justicia existan dos Españas con dos velocidades, la financiación no puede ser el fruto de 17 acuerdos de transferencias”.
