El PSPV lamenta que Fabra perjudique a los abogados del turno de oficio a los que trata como “misioneros de los tribunales”

El diputado socialista y portavoz de Justicia en Les Corts, Miguel Ángel Guillén, ha lamentado hoy que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, perjudique a los abogados del turno de oficio, a los que “considera misioneros de los tribunales, en lugar de unos profesionales reconocidos que deben ser justamente remunerados según el trabajo desarrollado”. Así, ha destacado que el PP “está convirtiendo la Justicia en un artículo de lujo, inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos, en lugar de ser un derecho constitucional que nos corresponde a todos por igual”.

En este sentido, se ha referido a “las elevadas tasas judiciales impuestas por el PP, el control de los órganos de gobierno de los jueces, la persecución que llevan a cabo con los jueces que les son incómodos, el intento de supresión de juzgados y la reducción de personal, así como al proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita preparado por Gallardón y aprobado en Consejo de Ministros que lo único que consigue es dificultar el acceso de los ciudadanos a este derecho”. Además, ha incidido en que, “mientras esto sucede, el gobierno de Fabra dedica una cantidad claramente insuficiente a sufragar el coste del turno de oficio entre abogados y procuradores, pagando mal y tarde”.

Guillén ha subrayado que “los abogados valencianos que prestan el servicio público del turno de oficio se incluyen entre los peor pagados de toda España, siempre y cuando consigan cobrar”. Así, ha recordado que en el año 2005 ya se congelaron los baremos, mientras que en 2012 se disminuyeron los importes “lo que supone que en ocasiones ni siquiera se cubren los costes, lo que desmotiva a los profesionales, llegando a repercutir en la calidad del servicio a prestar”.

Por eso, el diputado socialista ha rechazado frontalmente las declaraciones del Secretario Autonómico de Justicia, quien en sede parlamentaria declinó cualquier responsabilidad en cuanto a la insuficiencia de los recursos asignados al turno de oficio, así como en el retraso de los pagos y “en un alarde de irresponsabilidad política, culpó a los Colegios de Abogados y a los propios profesionales de las deficiencias en la prestación del servicio”. A esto cabe sumar, ha incidido Guillén, que “utilizó de forma torticera una sentencia del TSJCV que sólo se pronunciaba sobre cuestiones de legalidad ordinaria, pero que para nada puede utilizarse para esquivar las obvias responsabilidades políticas que corresponden a la Conselleria y al departamento que el secretario autonómico dirige”.