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El PSPV reclama que los titulares de VPO no tengan que devolver las ayudas y bonificaciones fiscales en el caso de dación en pago

  • La portavoz socialista de Vivienda en Les Corts, María José Salvador, señala que en el caso de la Comunitat Valenciana se agrava por los impagos del cheque vivienda

El portavoz socialista de Vivienda en Les Corts, María José Salvador, reclama al Consell que regule los casos de dación en pago de las viviendas de protección oficial (VPO) y se dote de mayor seguridad jurídica a sus titulares ya que en la Comunitat Valenciana la situación se agrava por los impagos del cheque vivienda y los titulares de VPO “están atrapados en su propia prisión de protección oficial”. En concreto, demanda que no se les reclame ni el reintegro de las ayudas recibidas ni las exenciones ni bonificaciones fiscales otorgadas cuando la vivienda protegida se objeto de dación en pago, así como tampoco exigir la autorización administrativa.

Salvador, que defenderá esta propuesta de los socialistas en el próximo pleno de Les Corts, ha explicado que la VPO está subvencionada y las personas que lamentablemente acceden a una dación en pago “se ven obligadas a devolver las subvenciones de acceso a vivienda tanto estatales como autonómicas” con el consecuente drama que esta situación supone. Al respecto, ha remarcado que “ya de por sí las personas que acceden a VPO tienen unas condiciones económicas concretas que cumplir, y por tanto se agrava su situación si tienen que hacer frente a una dación en pago y además devolver las ayudas que recibieron que pueden oscilar entre los 1.000 hasta los 25.000 euros”.

Condiciones muy restrictivas
Tanto el Gobierno de España como la Generalitat Valenciana han regulado la exención de no devolver las ayudas en caso de dación en pago con los requisitos fijados en la Ley de 1/2013 de 14 de mayo de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios pero, según ha subrayado la diputada socialista, “las condiciones son tan restrictivas que difícilmente coinciden la imposibilidad de hacer frente al pago de la hipoteca de VPO y cumplir los requisitos de la citada ley”. “Lo que supone que muchas personas titulares de VPO puedan acordar con la entidad financiera dación en pago al margen de la ley y se vean obligados a devolver las ayudas”, ha añadido.

Impagos
En el caso de la Comunitat Valenciana hay que resaltar el impago de 220 millones de euros en ayudas a la vivienda, cheque vivienda, ayudas alquiler y rehabilitación. En estos casos, concretamente con el cheque vivienda que no está regulado, “qué sucedería si una persona titular de VPO que tiene reconocida esta ayuda que no ha cobrado y acuerda la dación en pago con el banco, ¿no debe devolver una ayuda que no cobró o debe renunciar a ella ya que acuerda la dación en pago sin haberla cobrado?”, ha planteado para resaltar la paradoja de que “probablemente si la hubiera cobrado no habría tenido que recurrir a dación en pago”.

Comisión de seguimiento
Por todo ello, la portavoz socialista ha reiterado que la VPO “se está convirtiendo en una trampa para miles de ciudadanos y se está generando inseguridad jurídica” ya que mientras los titulares de la VPO cumplen su parte del contrato -no la pueden alquilar ni vender en 10 años- la Administración está incumpliendo su parte comprometida. En este sentido, ha explicado que se han eliminado las ayudas de subsidiación de los prestamos hipotecarios, ayudas mensuales a los titulares VPO para pagar amortización intereses prestamos, y además de manera retroactiva. Por otra parte, en la Comunitat Valenciana “no se pagan las ayudas que en su día se reconocieron, lo que sitúa a los titulares de VPO en una grave situación de inseguridad jurídica”. Así, ha reclamado seguridad jurídica para esta situación y una comisión de seguimiento formada por las partes afectadas para garantizar se garantice sus derechos.

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