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Más de 300 empresarios asisten a la jornada sobre la Ley de Responsabilidad Medioambiental

  • Se han analizado las consecuencias derivadas de la Ley y la publicación de su reglamento

  • El reglamento establece la creación de una comisión de reparación de daños medioambientales en la que participarán las Comunidades Autónomas

Más de 300 empresarios de la Comunitat Valenciana han participado, esta mañana, en la jornada organizada por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, sobre la Ley de Responsabilidad Ambiental y la aplicación de su Reglamento en el Centro de Tecnologías Limpias.

La jornada que ha sido inaugurada por el director general para el cambio climático, Jorge Lamparero, tenía como objetivo analizar las consecuencias derivadas de la publicación del Reglamento que regula esta Ley publicado el pasado 23 de diciembre.

“Lo que queremos con este tipo de jornadas es facilitar a las empresas, ha explicado el director general para el Cambio Climático, el conocimiento de las obligaciones que se derivan de la aplicación de esta ley desde una visión muy práctica y empresarial, la forma de prepararse para el cumplimiento de la misma y de reducir los riesgos medioambientales, así como los criterios aplicados para la valoración económica de los daños medioambientales”.

La Ley de Responsabilidad Medioambiental establece un nuevo régimen jurídico de reparación de daños medioambientales de acuerdo con el cual los operadores que ocasionen daños al medio ambiente o amenacen con ocasionarlo deben adoptar las medidas necesarias para prevenir su causa o, cuando el daño se haya producido, para devolver los recursos naturales dañados al estado en el que se encontraban antes de causar el daño.

Con tal finalidad, establece un marco general de actuación que debe observar la administración competente a la hora de determinar de qué manera se debe reparar el daño al suelo, al agua, a la costa o a las especies silvestres y los hábitat, en función del recurso natural de que se trate.

Además, esta ley prevé que los operadores afectados constituyan garantías financieras con las que hacer frente a las responsabilidades medioambientales en las que puedan incurrir. Para la fijación de la cobertura de tales garantías se debe disponer de un método de cálculo eficaz y homogéneo, que no genere distorsiones en el funcionamiento del mercado interior y permita definir con precisión y un grado mínimo de certeza el montante económico del riesgo ambiental al que está expuesto un operador en el desarrollo de sus actividades económicas y profesionales.

Asimismo, el Reglamento, que cuenta con un total de 46 artículos, crea la Comisión técnica de prevención y reparación de daños medioambientales de la que formarán parte las comunidades autónomas y cuyo propósito general es facilitar el intercambio de información y asesoramiento en materia de responsabilidad medioambiental.

“Todas estas cuestiones, ha concluido Lamparero, han sido analizadas en la jornada que hemos celebrado para ayudar a las empresas valencianas”.

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