El PSOE recurre ante el Tribunal Constitucional el cierre de Canal Nou al considerarlo “ilegal, inconstitucional y contrario al Estatuto”
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy, recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 5/2013, de 7 de noviembre, del Consell de la Comunitat Valenciana, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la prestación del servicio público de radio y televisión de titularidad de la Generalitat, al considerarlo “ilegal, inconstitucional y contrario al Estatuto”.
A la presentación del recurso ha acudido la portavoz del Grupo Socialista, Soraya Rodríguez, junto a una representación de los parlamentarios valencianos encabezada por el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, los diputados Carmen Montón y José Luis Ábalos, y los senadores Joan Lerma y José María Ángel.
El Grupo Parlamentario Socialista explica en la argumentación del recurso que “mediante este decreto-ley, y con la finalidad de hacer efectivo el cierre de Radiotelevisión Valenciana, S.A, el Consell se atribuye la facultad de designar a su director o directora general y a los miembros de su Consejo de Administración, sustrayendo esta facultad a las Corts”.
“Será admitido a trámite”
En declaraciones a los medios de comunicación, a la salida del Tribunal Constitucional, la portavoz socialista ha asegurado que el este decreto ley es claramente “ilegal, inconstitucional y es contrario al Estatuto de la Comunidad Valenciana” por lo que “no nos cabe ninguna duda de que será admitido a trámite”.
Soraya Rodríguez ha explicado que este decreto “vulnera del artículo 86.1 de la Constitución española, que establece las condiciones para que se pueda dictar un decreto ley” y ha resaltado que no existe “situación de extraordinaria y urgente necesidad” exigida para poder dictar un decreto-ley.
Además, la portavoz socialista ha puesto de manifiesto que “no se ha procedido al nombramiento de las vacantes y del director de la Televisión Valencia por el procedimiento parlamentario ordinario conforme a la ley actual, es decir, pasando por el Parlamento, por las Cortes Valencianas”. Además, ha añadido que “no se ha suspendido la emisión de la RTVV y los principios de objetividad y de información pública, no sólo es que hayan cesado sino que precisamente, a día de hoy, se han recuperado”.
“No es una catástrofe natural”
Por su parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha hecho hincapié en que “esto no es una catástrofe natural, aquí no ha pasado un tsunami, lo que ha pasado es que se hicieron muy mal las cosas; se hizo un ERE y no se plateó adecuadamente, no se negoció con los sindicatos y finalmente ha resultado nulo, pero ha sido total y única responsabilidad de quiénes han dirigido ese ERE; es decir, del presidente y del vicepresidente de la Generalitat, y ese coste lo deben asumir ellos”. Por todo ello, ha pedido “que no recargue sobre los trabajadores de Canal Nou, ni sobre la sociedad valenciana esta decisión” ya que “la decisión la tomaron ellos y ellos son los que tienen que asumir la responsabilidad”, reiteró.
Ximo Puig ha resaltado que esta situación “nada tiene que ver con el interés general de los valencianos y es una decisión se produce “orientada y dirigida desde el PP, desde Génova y desde FAES, que no tiene nada que ver con la economía, es la ideología, y lo que se intenta es poner punto y final al autogobierno”
El Grupo Socialista destaca también en su recurso que se produce “vulneración del artículo 86.1 de la Constitución en relación con el artículo 44.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, por vulneración de los límites materiales del decreto-Ley, al afectar a instituciones básicas”.
Igualmente se resalta que mediante Decreto-ley “no se puede afectar al ordenamiento de instituciones básicas, y con este Decreto-ley se ha afectado a una institución básica de la Comunidad Autónoma como es RTVV”.
Instrumento “clave”
En este sentido, se deja constancia de que a Ley 3/2012, de 20 de julio, de Estatuto de Radiotelevisión Valenciana, la configura como un instrumento “clave” para el “desarrollo y vertebración de la realidad cultural, económica y social de la Comunitat Valenciana, así como un motor de desarrollo de la industria audiovisual valenciana”. Y el decreto-ley afecta a elementos estructurales de la entidad por cuanto altera el régimen de designación de su director o directora general y de los miembros de su Consejo de Administración. Además afecta a las competencias de Les Corts, a la que se sustrae la capacidad para elegir por mayoría cualificada a estos órganos de dirección de RTVV.
Otro de los argumentos esgrimidos por el PSOE está basado en la “vulneración del artículo 20.3 de la Constitución, al impedir el control parlamentario de los medios de comunicación social de titularidad pública.”
Soraya Rodríguez ha asegurado que “en la vida de la televisión valenciana, el Partido Popular, lo convirtió en un órgano de propaganda del propio partido, y en su muerte, quieren cerrarla como si se tratara de un chiringuito del PP”. Razón por la que la responsable socialista ha dicho que “la televisión valenciana es de los valencianos, y de la Comunidad Valenciana”, y ha subrayado “nuestra denuncia constante de su gestión y de su perversión a los objetivos que tenía que cumplir de desarrollo económico social y cultural de esta Comunidad”. Tamibién, ha dejado claro que “ahora defendemos algo en lo que siempre hemos estado: que los medios públicos, también la Televisión Pública Valenciana es de los ciudadanos, es de la ciudadanía”
”Lo que esperamos es que la sociedad valenciana diga basta ya a lo que ha hecho el Partido Popular con tantas instituciones públicas, como lo ha hecho con la televisión pública valenciana”, añadió.
